El ajuste de Milei desata conflictos sociales en Argentina
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
Las provincias argentinas enfrentan una creciente ola de paros, movilizaciones y suspensiones de servicios, en medio de la reducción de los recursos transferidos por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei.
En Tierra del Fuego, los docentes cumplen la cuarta semana de una huelga por tiempo indeterminado, con acampes, ollas populares y vigilias en Ushuaia. El sector exige la restitución de 17 programas de financiamiento eliminados por la Administración nacional, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el apoyo a las escuelas técnicas, Conectar Igualdad y la Ley de Financiamiento Universitario.
En Santa Fe, alrededor de seis mil trabajadores de hospitales públicos y centros de salud anunciaron movilizaciones en reclamo de un salario básico de dos millones de pesos. La protesta se suma a las medidas adoptadas en distintas jurisdicciones ante el deterioro de las condiciones laborales y presupuestarias.
La tensión se desarrolla en el marco de la política de ajuste impulsada por Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Ejecutivo defiende el superávit fiscal, mientras gobernadores, organizaciones sociales y sectores sindicales denuncian que el déficit se estaría trasladando a las provincias y a las familias.
El diputado y exministro de Economía Martín Lousteau cuestionó la estrategia oficial y afirmó: “Milei habla de superávit, pero te pasó el déficit a vos”.
De acuerdo con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado a las rutas nacionales se encuentra en su nivel más bajo en tres décadas. La organización reportó recortes de hasta 85 % en provincias como Buenos Aires, Chubut y Chaco, además de advertir que 60 % de los tramos viales se encuentran en condiciones malas o regulares.
En La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, clínicas y sanatorios que prestan servicios al PAMI suspendieron la atención debido a retrasos en el pago de aranceles. En Chubut, el gobernador Ignacio Torres también rechazó una orden judicial relacionada con la alimentación de las personas privadas de libertad.
Por su parte, el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) señaló que los recursos reales de las provincias acumulan una caída de 19,6 % desde noviembre de 2023. El organismo advirtió que esta situación debilita la capacidad de negociación de los distritos frente al Gobierno nacional, que ofrecería mantener únicamente el esquema de adelantos financieros.
En tanto, La Rioja participa como querellante en una causa judicial que investiga el presunto desvío de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado (SisVial), a partir de una denuncia presentada por el gobernador Ricardo Quintela.
El escenario refleja el aumento de las tensiones entre el Ejecutivo nacional y las administraciones provinciales, mientras trabajadores, organizaciones sociales y gobiernos locales reclaman mayores recursos para sostener los servicios públicos y atender las demandas de la población.
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