Willianny Castillo*

En las últimas semanas, diversas voces han participado activamente en el debate público los resultados del año escolar 2024-2025. Si bien algunas posturas han subrayado avances y otras han manifestado preocupaciones legítimas sobre las condiciones laborales, la asistencia escolar o la calidad educativa, lo cierto es que el tema ha recobrado centralidad en la agenda nacional, como debe ser. Más allá de las cifras, los informes institucionales o los juicios críticos, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la educación como eje de transformación social y como compromiso histórico del pueblo venezolano. En este marco, urge retomar el debate con altura, más allá de posiciones defensivas o descalificaciones. Se trata de asumir que la educación venezolana atraviesa un momento de revisión, resistencia y redefinición, en el que deben conjugarse los logros alcanzados con una mirada autocrítica y transformadora.

Uno de los legados más significativos del comandante Hugo Chávez Frías en el ámbito social fue su apuesta decidida por una educación concebida como eje estratégico del desarrollo nacional. A través de una visión que trascendía los enfoques técnicos y administrativos convencionales, promovió una noción de la educación como herramienta de emancipación, inclusión y transformación social. Esta perspectiva se vio reflejada en avances normativos fundamentales, como la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, que elevó el derecho a la educación a una dimensión prioritaria del Estado, y posteriormente en la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en 2009, la cual reafirmó el carácter público, gratuito, obligatorio y humanista del sistema educativo nacional. Entre sus principales acciones destacan la creación de las misiones educativas Robinson, Ribas y Sucre, orientadas a garantizar el acceso a la educación en todos los niveles; el impulso a las universidades territoriales; y el reconocimiento de los saberes ancestrales, tanto de los pueblos originarios como de las comunidades afrodescendientes. Estas políticas buscaron democratizar el conocimiento, reducir desigualdades históricas y fomentar una ciudadanía crítica y comprometida con el país. En el contexto actual, marcado por complejos desafíos económicos y sociales, el análisis de estos avances invita no solo a su valoración histórica, sino también a una reflexión sobre su vigencia como referentes para la construcción de un modelo educativo más justo, inclusivo y coherente con las aspiraciones de soberanía y dignidad nacional.

El Plan de la Patria 2025–2031, también conocido como el Plan de las 7T, esboza una visión transformadora de la educación en Venezuela, concebida no como un simple componente funcional del aparato estatal, sino como una herramienta filosófica de emancipación, justicia y construcción nacional. En él se identifica a la educación como un eje articulador del proceso histórico revolucionario, vinculado profundamente con los ideales bolivarianos y el legado del comandante Hugo Chávez Frías.

Desde una perspectiva general el documento reivindica la educación como un proceso integral, orientado no solo a la transmisión de conocimientos, sino a la formación ética, crítica y solidaria del ser humano. Se promueve un modelo de formación que rompa con las lógicas coloniales y mercantilistas, y que abrace el desarrollo del pensamiento propio, la recuperación de los saberes ancestrales, el enfoque intercultural, el feminismo, el indigenismo y la afrodescendencia como pilares esenciales en la construcción de una ciudadanía consciente y liberadora.

En el plano político, la educación es vista como un derecho humano irrenunciable, garantizado por el Estado y sustentado en principios de inclusión, equidad territorial y protagonismo popular. Se refuerza la idea de una “democracia directa” en la que las comunidades no son meras beneficiarias del sistema educativo, sino también protagonistas en su planificación, evaluación y gestión.

Desde una mirada académica y con el debido sentido de responsabilidad crítica, es posible reconocer que los datos presentados por el Ministro de educación, Héctor Rodríguez, al cierre del año escolar 2024–2025 revelan avances que merecen ser valorados en su justa dimensión. El incremento de la matrícula, la notable reducción del déficit docente, la expansión del programa de alimentación escolar y la rehabilitación sostenida de infraestructuras educativas son señales concretas de un esfuerzo institucional por garantizar el derecho a la educación en condiciones de adversidad. Estos logros se alinean con los principios establecidos en el Plan de la Patria 2025–2031, particularmente en lo que respecta a la inclusión social, la equidad territorial y la calidad educativa como pilares para una transformación estructural del país. Si bien persisten desafíos importantes, los avances registrados durante este período reflejan una orientación coherente entre la planificación estratégica y la acción pública, lo cual constituye una base necesaria (aunque no suficiente) para continuar fortaleciendo un sistema educativo más justo, democrático y comprometido con las necesidades reales del pueblo venezolano.

No obstante, persisten desafíos que deben ser abordados con seriedad y sentido crítico. Entre ellos, destacan la migración de profesionales del sector educativo, las brechas salariales, las dificultades logísticas en zonas rurales, la precariedad de ciertos entornos escolares, la escasez de insumos pedagógicos y la sobrecarga administrativa que enfrentan muchas instituciones. Asimismo, resulta indispensable profundizar en la formación docente continua, fortalecer los sistemas de evaluación desde una perspectiva emancipadora y promover formas de gestión escolar más participativas y democráticas. Este panorama requiere una lectura equilibrada, que evite tanto la negación de las problemáticas como el triunfalismo, y que permita construir propuestas sólidas orientadas al fortalecimiento sostenido del sistema educativo venezolano.

En un contexto marcado por profundas tensiones sociales y desafíos estructurales, resulta fundamental consolidar una filosofía educativa venezolana, humanista, latinoamericana y descolonizadora, que articule nuestras raíces culturales con las demandas del presente. Tal como lo planteaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, la educación debe formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la transformación social. No basta con reproducir contenidos ni cumplir con la rutina escolar, educar es sembrar futuro y formar ciudadanía, vincular el aula con la vida, la ciencia con la ética, la tecnología con la comunidad. En este sentido, la escuela debe configurarse como un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva del conocimiento, orientado al desarrollo integral del ser humano y a la defensa de la soberanía nacional. Este horizonte solo es posible si se construye de forma participativa, desde la diversidad de actores educativos que habitan y transforman el país.

Venezuela ha demostrado que, incluso en medio de las dificultades, la educación se mantiene como un espacio de resistencia, esperanza y construcción colectiva. En este contexto, reafirmar la educación como bien público, derecho humano y responsabilidad compartida es más que un principio: es una necesidad. Como recordaba Paulo Freire, educar implica transformar la realidad, no adaptarse pasivamente a ella. No basta con preservar el sistema educativo; es imprescindible renovarlo y profundizarlo desde nuestras condiciones concretas, con sentido crítico y proyección ética. El ideal de una educación liberadora, que combata las desigualdades y forme sujetos conscientes, sigue siendo una tarea pendiente, pero posible. Construir esa educación es un compromiso que involucra al Estado, pero también a las familias, comunidades y organizaciones sociales. En definitiva, educar en Venezuela sigue siendo un acto de esperanza activa y de apuesta colectiva por el futuro.

*Profesora Willianny Castillo

Escuela de Educación

Universidad Central de Venezuela