El Gobierno de Perú declaró formalmente el estado de emergencia en un total de 796 distritos pertenecientes a 22 de las 24 regiones del país, ante el peligro de intensas lluvias, inundaciones y avalanchas que desatará el fenómeno climático de El Niño.

La medida, oficializada mediante un decreto supremo, abarca localidades ubicadas en 147 de las 196 provincias del territorio nacional, afectando de manera simultánea a poblaciones de las regiones costeras, andinas y amazónicas.

La normativa determina que la declaración de emergencia se extenderá por un período de 60 días renovables. El objetivo central de la medida es coordinar y ejecutar acciones inmediatas de reducción del muy alto riesgo existente, así como preparar los planes de respuesta rápida y rehabilitación de infraestructura.

Estas tareas prioritarias estarán bajo la responsabilidad directa de los Gobiernos regionales y municipales, contando con la asesoría y conducción técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación activa de diversos ministerios y organismos del Estado.

Primer gran desafío para el nuevo Gobierno

La magnitud de esta contingencia ambiental se presenta a solo unas semanas de que el país viva una transición política. La gravedad de la crisis y sus previsibles impactos socioeconómicos constituirán una de las prioridades más urgentes para la administración entrante que asumirá el poder el próximo 28 de julio, posicionándose como el primer gran desafío de su agenda inmediata.

El fenómeno de El Niño, provocado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, desata históricamente escenarios asimétricos y destructivos en la geografía peruana: lluvias torrenciales en la costa norte, severas sequías en el sur andino e inundaciones en la cuenca selvática.

Los expertos en la materia han advertido de manera reiterada que los daños estructurales suelen amplificarse debido a la histórica falta de obras de prevención de largo aliento en el país.

Más allá de la infraestructura civil, la alteración climática golpeará de forma directa a sectores estratégicos de la economía peruana, especialmente a la pesca, la agricultura y la industria textil, que figuran entre las actividades más importantes de la nación después de la minería.

T| VTV