Organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) han denunciado la grave situación que enfrentan más de 9.600 palestinos detenidos en cárceles israelíes, condiciones que organismos internacionales califican como inhumanas. En un comunicado conjunto, la Comisión de Asuntos de Detenidos, el Club de Prisioneros y la Fundación Addameer especificaron que entre los presos se encuentran 86 mujeres y 350 niños.

La lista de detenidos revela una persecución generalizada contra distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo periodistas, abogados, médicos, académicos y legisladores, lo cual evidencia un patrón de represión sistemática y arbitraria por parte de Israel.

Un aspecto particularmente alarmante de la denuncia es el uso masivo de la «detención administrativa». Más de 3.500 palestinos están bajo esta figura, que permite a Israel encarcelar personas por largos períodos sin cargos formales, juicio ni conocimiento de las pruebas en su contra. Esto constituye una flagrante violación al derecho al debido proceso y al derecho internacional, ya que priva a los detenidos de derechos básicos y perpetúa su encarcelamiento sin presentar acusaciones concretas.

Además, las organizaciones alertan sobre el uso de la categoría de «combatientes ilegales» a 1.251 personas capturadas en Gaza, etiquetas jurídicas que sirven a Israel para evadir las protecciones internacionales a los prisioneros de guerra, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de los detenidos.

El informe «El infierno en la Tierra», elaborado por B’Tselem, ONG de DDHH, revela que los centros penitenciarios israelíes se convirtieron en campos de tortura, con testimonios que describen abusos físicos y psicológicos sistemáticos.

La denuncia apunta a prácticas como palizas, descargas eléctricas, uso de perros de ataque y gases en espacios cerrados, además de humillaciones, agresiones sexuales, confinamiento en solitario y negligencia médica que ha resultado en muertes de al menos 84 palestinos en custodia desde octubre de 2023.

Las organizaciones reclaman una respuesta urgente de la comunidad internacional para detener la violencia y las violaciones de derechos humanos en estos centros.

T|CIUDAD CCS