Asciende a 512 la cifra de personas muertas en cárceles, luego de haber sido detenidos bajo el régimen de excepción implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele desde marzo de 2022, según informó la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que exigió al gobierno libertad, justicia y reparación por los miles de inocentes detenidos injustificadamente.

«El Salvador ha incurrido en crímenes de lesa humanidad conforme al Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional… Entre ellos: Asesinato. Encarcelación u otra privación grave de libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Tortura Persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género Desaparición forzada Traslado forzoso de poblaciones (Venezolanos al CECOT)«, denunció la organización a través de sus redes sociales.

Señaló que las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 90.000 detenidos bajo el régimen y que en su mayoría no tienen condenas, resaltando que un 94 por ciento de los fallecidos no presentó perfil de pandillero.

La organización alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado podrían superar las 2.000, mientras que la violencia física encabeza las causas de muerte de los presos, con cerca del 32 % de los casos reportados.

Según detalló, el 31,8 % de los casos fueron «muertes violentas», mientras que un 31,6 % de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».

Asimismo, responsabilizó a las autoridades salvadoreñas por dichos delitos. «Existe una cadena de responsables: desde el presidente hasta cada funcionario que negó atención médica y permitió homicidios agravados. Estos rostros son de personas inocentes, privadas de un juicio justo. Aunque mientan diciendo que es “normal”, no lo es. Exigimos justicia y reparación. Corrijan, investiguen y reparen a las víctimas».

Diversas organizaciones humanitarias registran al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos. En el 98% de los casos, las víctimas denunciaron detención arbitraria, y el 75 % señala la responsabilidad de agentes de la Policía.

T|AGENCIAS