Servidumbre doméstica: la herida abierta de la esclavitud en pleno siglo XXI

En un taller al que asistí recientemente, un profesor compartió una experiencia de cuando llegó a El Salvador para cumplir con una función laboral. Al recorrer con su esposa el apartamento que habían rentado, notó que la puerta del cuarto más pequeño, ubicado junto a la cocina, tenía la cerradura por fuera. Sorprendido, comentó: “¡Qué raro! Esta cerradura está mal puesta, solo se abre y se cierra desde afuera”. Su esposa, con una leve sonrisa, le aclaró: “No está mal, es la habitación de servicio”.

Este relato me resultó profundamente perturbador. La idea de impedir que una persona salga de un cuarto, de cerrarle la puerta hasta que el dueño lo decida, en pleno siglo XXI, me parecía abominable. Tal vez para algunos lectores sea algo común o cotidiano, incluso normalizado, pero para mí fue un choque brutal: creía que estas prácticas pertenecían a capítulos ya superados de la historia. La impresión se intensificó cuando escuché que esta situación es frecuente en varios países latinoamericanos, especialmente en la región central. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo.

Según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que más de 50 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de esclavitud moderna. Esto quiere decir que están obligados a trabajar bajo explotación, amenazas, abuso de poder y manipulación en entornos inhumanos. Al encontrar esta información, no pude evitar imaginar a la antigua dueña de la casa en El Salvador cerrando con llaves la puerta de servicio, decidiendo cuándo permitir que la trabajadora saliera, como si su libertad dependiera únicamente de la voluntad ajena.

En 2020, la OIT y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertaron sobre esta problemática. Destacaron que solo en América Latina entre 115 y 186 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado. De ellas, 93 % eran mujeres que “desempeñan sus labores sin protección social, contratos de trabajo, acceso a oportunidades de formación profesional, salarios adecuados, reconocimiento de horas extra ni horas de descanso suficientes, entre otros derechos”.

Lo más preocupante es que estas dinámicas no se limitan al trabajo doméstico. También existen empleos en otros sectores donde se reproducen relaciones sin compromisos laborales, aceptadas por personas que, desde la desesperación, buscan ingresos para sobrevivir. En estos casos, los “esclavizadores del nuevo milenio” someten a sus empleados a jornadas extenuantes, trabajos forzados, maltrato verbal y psicológico, además de un estrés constante que termina afectando su salud mental y física.

Todo esto ocurre bajo la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, ya que la ausencia de un contrato formal libera a las empresas de cualquier responsabilidad o compromiso hacia ellos. Aunque en Venezuela si pudiese exigirse acciones legales, el miedo a perder el sustento hace que también existan estas circunstancias en este país.

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expresó en 2020 su preocupación por el aumento de la explotación humana, especialmente en el ámbito doméstico, luego de la pandemia por COVID-19. En un informe puntualizó que las restricciones de movilidad y el riesgo de contagio del virus contribuyeron con el crecimiento de este flagelo en clandestinidad. A ello se sumó la pérdida masiva de empleos provocada por la paralización económica, lo que dejó a muchas personas en mayor situación de vulnerabilidad frente a abusos y explotación.

Naturalización de la explotación

Este tema me hizo recordar a un familiar muy querido que durante décadas trabajó como empleada doméstica en la casa de una familia migrante. Nunca pensé en ella como una “esclava doméstica”, pues aparentemente se sentía feliz en ese hogar. Sin embargo, al mirar en perspectiva lo que realmente implica un trabajo, comprendí que su labor no era remunerada: recibía únicamente comida, ropa y un cuarto compartido para dormir. Laboraba las 24 horas, los siete días de la semana.

El profesor nos comentó que en El Salvador las empleadas domésticas no podían utilizar los ascensores ni transitar por los mismos espacios que las demás personas. Entonces recordé el nerviosismo de mi familiar cuando la visitaba y me llevaba directamente a la cocina, para que los dueños no notaran mi presencia. Para ella eso estaba bien, y por lo tanto para mí también lo era, aunque fuese incómodo. Hoy me pregunto: ¿era simplemente una costumbre aceptada o la naturalización de una forma moderna de esclavitud?.

Según la definición de Lóyzaga y Curiel, el trabajo doméstico consiste en realizar actividades de apoyo, asistencia, aseo y cuidados relacionados con la vivienda (incluso el cuidado de las mascotas) a cambio de una remuneración. Aunque esta labor no genera bienes y servicios, sí solventa problemas cotidianos de un núcleo familiar, lo que le otorga un valor económico indiscutible.

Hasta este punto todo está claro. El problema surge cuando se realizan estas mismas tareas se llevan a cabo bajo condiciones de sometimiento, abuso o control, con limitada libertad y derechos. Es cuando se habla de servidumbre doméstica que tiene sus raíces en las prácticas históricas de esclavitud y trata de persona. En su forma moderna, se manifiesta como trabajos forzados, privación de libertad, de derechos equitativos con otras personas siendo altamente vulnerables a la explotación ilegal.

En un artículo sobre la servidumbre doméstica, la especialista hondureña Larissa Reyes Vásquez señala que esta relación laboral es difícil de visibilizar porque ocurre en el ámbito privado, fuera del alcance del control estatal. Bajo el pretexto de considerarlas “parte de la familia”, se normaliza “una dinámica en la que el amo o la ama da órdenes al trabajador o trabajadora sin reconocer la existencia de un contrato que establezca derechos y obligaciones mutuas. Esto expone a las personas empleadas a una invasión intolerable de su espacio y de sus libertades personales”.

Lo más lamentable es que bajo el manto de la economía informal se solapa la servidumbre doméstica. Personas que provienen de comunidades vulnerables de extrema pobreza, que no posee los requisitos exigidos por empresas públicas para su ingreso o son migrantes indocumentados son quienes generalmente caen en esta nueva forma de esclavitud. Por ello, los abusos se multiplican: humillaciones, discriminación, sometimiento físico, restricción de la movilidad e incluso violencia psicológica, física o sexual.

La CEPAL y la OIT señalan que Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador y México son los países latinoamericanos con mayor incidencia de trabajo doméstico, ejercido principalmente por mujeres en condiciones de alta informalidad y sin protección social. También Brasil, Ecuador y Colombia presentan esta forma de explotación, aunque en menor medida.

Tanto el testimonio del profesor como los estudios de organizaciones internacionales dan cuenta de que la esclavitud doméstica es una herida que sigue abierta en los países nuestroamericanos. Su permanencia histórica ha llevado a una naturalización que va en contra de los principios del trato humano, por lo que reconocer e identificar este flagelo es importante para su erradicación y transición a formas laborales más justas, no solo en el ámbito del empleo en hogares, también en empresas que usan la necesidad para cometer actos de explotación.

Mientras persista la indiferencia, la cerradura seguirá puesta por fuera; solo cuando decidamos colectivamente abrir esa puerta, podremos hablar de libertad real y de justicia social en el siglo XXI.

Natchaieving Méndez