El Gobierno de Daniel Noboa anunció este lunes el despliegue de las fuerzas policiales dando muestras de que no pretende dialogar con los manifestantes adheridos al Paro nacional anunciado en las últimas semanas en rechazo al decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, ni alcanzar consensos respecto a propuestas legislativas que ha impulsado mediante decretos, con el visto bueno de la Corte Constitucional.

Su respuesta ha sido lanzar a las calles a miles de uniformados, camiones y carros equipados con armas de alto poder para reprimir a quienes exigen que el Gobierno retroceda en sus medidas de corte neoliberal. Consecuencia directa de esta represión fue el asesinato del líder kichwa Efraín Fuerez a manos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, hecho que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha calificado como crimen de Estado perpetrado bajo las órdenes del presidente.

Este crimen ha levantado indignación nacional por la represión que quedó captada en cámaras, mientras que del lado gubernamental asumen las protestas contra el asesinato como una luz verde para seguir reprimiendo. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, partió un convoy militar conformado por al menos 100 vehículos que se dirigían hacia Ibarra, en la provincia Imbabura.

Según reportan medios locales, el vehículo presidencial forma parte de la caravana, que estaría encabezada por los ministros del Interior y de Defensa. El Gobierno asegura que en la localidad de Cotacachi 12 uniformados fueron heridos mientras 17 han sido desaparecidos.

En la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra, un amplio despegue militar y policial atacó a los manifestantes que repudiaban el asesinato del líder kichwa Efraín Fuérez. Cerca del cuartel Yaguachi, frente al colegio Rumipamba, en un territorio del pueblo Karanki, los militares cargaron con violencia contra la parroquia.

Se escucharon disparon al interior de las casas mientras los gases lacrimógenos fueron visibles en los vídeos compartidos por la Conaie, organización que denunció este uso de la fuerza como un crimen de Estado y resposabilizaron al mandatario por las violaciones de derechos humanos que se den en marco del despliegue.

T/Telesur