El Gobierno de Javier Milei aceleró el proceso de privatización del sector energético argentino con la aprobación de nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1569/2025, refuerza un plan de enajenación de activos estatales que genera fuertes críticas y advertencias sobre sus consecuencias a largo plazo, informó Telesur.

La nueva Circular Modificatoria 4 introduce cambios clave en las condiciones del concurso, estableciendo que los nuevos adjudicatarios privados asumirán la explotación de las centrales por un período de 30 años. Este plazo podrá ser prorrogado a cambio del pago de un canon anual al Estado y el cumplimiento de compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental, cuyos detalles técnicos aún no han sido divulgados.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía habilita la etapa final del concurso, instando a las empresas precalificadas a presentar sus ofertas técnicas y económicas. El Ejecutivo pretende culminar el proceso antes de que finalice 2025, para que las nuevas concesiones privadas entren en vigor durante el primer trimestre de 2026.

Este avance se produce en un contexto de débil control institucional. Recién a principios de octubre, y tras casi dos años de demora, el Congreso conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Sin embargo, su operatividad es incierta, ya que cinco de sus doce miembros finalizan su mandato en diciembre, lo que obligará a reconfigurar su estructura y podría retrasar aún más su función de monitoreo.

El camino para la venta de estos activos comenzó en 2024, cuando la Secretaría de Energía ordenó a las estatales Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) crear cuatro sociedades anónimas transitorias: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.