Estos países europeos comparten pruebas sobre las torturas de Israel a integrantes de la flotilla

Una decena de países europeos sigue el rastro de los abusos cometidos contra sus connacionales mientras participaban en las expediciones de la Global Sumud Flotilla que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y fueron interceptadas por Israel en aguas internacionales.

Las fiscalías de 10 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Finlandia, además de Australia, colaboraron y compartieron información sobre las causas e investigaciones abiertas tras las denuncias contra políticos, funcionarios y mandos militares israelíes, incluidos ministros del Gabinete de Benjamín Netanyahu, por tortura, secuestro, malos tratos y otros delitos.

Así lo confirmaron al medio El País unas fuentes jurídicas que participaron en la reunión, celebrada el 16 de septiembre en La Haya. Todos los países que participaron en el encuentro mantienen abierta algún tipo de pesquisa sobre el asalto a la flotilla, según confirman esas fuentes, que detallan que la reunión tenía por objetivo compartir información sobre sus respectivas indagaciones.

La cita, que duró unas ocho horas, se realizó en el marco de colaboración coordinado por Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la UE. Los representantes de Australia acudieron como invitados. En al menos otros cinco países europeos, entre ellos Alemania, Noruega y Austria, hay varias denuncias interpuestas por la misma causa, pero la justicia todavía no determina si abre una investigación.

La mayoría de los Estados participantes en el encuentro estaban interesados principalmente en recabar datos que les sirvieran para las causas que iniciaron o pueden impulsar en sus respectivos territorios. Estas se encontraban centradas en delitos que se perpetraron contra sus ciudadanos durante el asalto a la flotilla en octubre de 2025 y cuando una segunda misión humanitaria fue interceptada en aguas internacionales por las fuerzas israelíes en mayo pasado, comentan estas fuentes.

Encuentro en La Haya

Los primeros indicios sobre el encuentro en La Haya salieron a la luz en Italia, según adelantó el diario La Repubblica. La Fiscalía de Roma, dirigida por el fiscal jefe Francesco Lo Voi, confirmó después en un comunicado que hubo reuniones con representantes de otros países, sin ofrecer más detalles, mientras que una portavoz de Eurojust declinó comentar “sobre posibles reuniones ni confirmar la existencia de investigaciones abiertas”.

A la reunión asistió, por parte de España, Dolores Delgado, la fiscal de sala coordinadora del área de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Delgado activó en 2025 una investigación dentro del Ministerio Público sobre los crímenes perpetrados por Israel en Gaza. También estuvo presente el magistrado instructor Francisco de Jorge, que tiene viva una causa en la Audiencia Nacional por el asalto a la flotilla, tras admitir a trámite en julio pasado una querella contra el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el comandante de la Armada israelí, Ram Rotberg.

Estas fuentes señalan que, a diferencia de otros países, España lleva muchos meses investigando. En junio de 2025, tras recibir un informe de la Policía Nacional, Delgado abrió un expediente sobre las acciones del ejército israelí contra la población civil en Gaza. El objetivo era recabar pruebas e incorporarlas a los procedimientos abiertos contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), así como contra el primer ministro Netanyahu y el entonces titular de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Después de que se produjera el asalto a la flotilla en octubre del año pasado, la Fiscalía española incorporó ese episodio a su investigación y, según indican fuentes del ministerio público, elaboró informes y tomó declaración a varios afectados. Entre otros, a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a las próximas elecciones generales, que viajaba en uno de los navíos que componían la expedición.

Sin embargo, la apertura de la causa en la Audiencia Nacional provocó que toda la parte relativa al asalto a las embarcaciones tuviera que derivarse al juez De Jorge. La ley española no permite que, si un magistrado instructor abre unas pesquisas sobre unos hechos, la Fiscalía investigue lo mismo.

El sumario de la Audiencia Nacional presenta, además, una peculiaridad. A diferencia de otros países, que basan la apertura de sus investigaciones en que se vieron afectados sus ciudadanos y quieren indagar los delitos que pudieron cometerse contra ellos, el magistrado De Jorge admitió las querellas contra los dos mandos israelíes al concluir que, de acuerdo al Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España solo tiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos en las embarcaciones de la flotilla que navegaban bajo su bandera.

Según su interpretación, a efectos prácticos, esos barcos eran legalmente territorio español y, por lo tanto, España puede investigar los supuestos delitos cometidos a bordo de ellos, con independencia de la nacionalidad de los afectados. El instructor precisó, eso sí, que su competencia se acaba en el momento en que los tripulantes fueron trasladados a territorio israelí o a otros buques. En otras palabras, no puede indagar en los abusos cometidos una vez que los activistas de la flotilla abandonaron las naves españolas.

Para el periodista freelance Néstor Prieto, uno de los integrantes de la flotilla que encabezó la denuncia ante la Audiencia Nacional, esta investigación es “positiva, pero insuficiente”, ya que las violaciones de derechos continuaron durante la estancia en prisión por varios días y deja fuera a los participantes que no iban a bordo de barcos bajo bandera española.

Asi fueron las agresiones

El reportero, que viajaba en la misión de octubre de 2025 a bordo del Adara, relata que varios navíos militares rodearon su embarcación, lanzaron gases lacrimógenos y les abordaron. Desde ese momento pasaron “entre 12 y 14 horas” incomunicados y hacinados en el interior del camarote.

Ahí sufrieron agresiones físicas y verbales, y fueron encañonados con armas de fuego y apenas tuvieron acceso a comida, agua ni medicinas. A su llegada a puerto, los detenidos fueron trasladados a una prisión hasta que fueron deportados más de 72 horas después.

En la flotilla que zarpó en mayo, el nivel de violencia escaló notablemente. Como relató el colaborador de El País Ignacio Ladrón de Guevara, a bordo de uno de los navíos, las palizas y el maltrato fueron tales que se registraron al menos 35 fracturas de hueso y más de 10 denuncias de abusos sexuales en esa expedición.

Las descargas con pistolas táser o el lanzamiento de granadas aturdidoras también formaron parte del día a día de los integrantes de la flotilla. Saif Abukeshek, uno de los líderes de la Global Sumud Flotilla, detenido durante la misión del pasado mayo, considera que todas estas denuncias deberían terminar en condenas. “Hicieron una interceptación militar en aguas europeas y entraron en territorio de Grecia. Las violaciones que cometió Israel son muy claras y las órdenes que se dieron son públicas”, dice sobre las amenazas que lanzó el Gobierno de Netanyahu.

Elactivista palestino-español atiende a EL PAÍS desde el puerto italiano de Augusta, donde están llevando a cabo acciones en el mar para evitar la entrada de buques comerciales con rumbo a Israel que planeaban hacer una escala allí.

De esta forma quiso presentar al ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben Gvir, a los activistas de la flotilla detenidos en mayo pasado. “Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel”, proclamó el ministro en un vídeo difundido por él mismo en redes sociales. Las imágenes provocaron una ola de indignación internacional e incluso críticas del propio Netanyahu.

En junio, la Fiscalía italiana abrió una investigación contra Ben Gvir por secuestro y tortura. Tras las denuncias de 50 tripulantes italianos, los fiscales decidieron ir un paso más allá y dieron a conocer una causa ampliada en la que se investiga, además de Ben Gvir, a otros 13 altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Defensa, Israel Katz.

A diferencia de España, el objetivo de las autoridades de Italia es aclarar todo lo sucedido desde que los barcos fueron abordados por la fuerza hasta que los integrantes de la flotilla fueron deportados de Israel. Toda la cadena de mando israelí está bajo escrutinio: desde Eyal Zamir, el comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, y Daniel Levy, el jefe de la policía nacional, hasta el responsable de la base de Ashdod, el puerto donde desembarcaron los activistas, hasta el alcaide de la cárcel de Ketziot, donde estuvieron detenidos varios días.

Tras ser incluidas en la investigación, las autoridades penitenciarias de Israel aseguraron que actuaron “de conformidad con la ley y respetando plenamente los derechos fundamentales” de los activistas. Pese a que analizan los abusos cometidos durante dos misiones diferentes de la flotilla, los fiscales italianos parten de que se trata de un modus operandi de violencia y violaciones de derechos humanos sistemáticas. A la vez, refuerzan la tesis de que, aunque los abusos sucedieron en momentos distintos, fueron perpetrados por una misma cadena de mando.

T/El País