La plataforma digital «De Olho na Guanabara», desarrollada por la asociación de pescadores Ahomar y la ONG 350.org, en Río de Janeiro (Brasil) permite a sus usuarios registrar infracciones medioambientales como derrames de petróleo, desechos de productos químicos o de aguas no tratadas de embarcaciones.

La Bahía de Guanabara, puerto natural de unos 400 km2 en Río, está contaminada desde hace muchos años por aguas residuales y basura de la región metropolitana, así como de navíos abandonados. Además está expuesta a accidentes en las instalaciones de transporte y refinación de petróleo. «Antes tomábamos fotos con el celular o una cámara, pero no sabíamos exactamente cuál era la ubicación, dónde estaba esa mancha de petróleo», explica Anderson, presidente de Ahomar, mientras graba un torrente de agua descartada desde un buque por un ducto.

«Hoy la aplicación me da la ubicación precisa que necesito» para hacer la denuncia, explica, tras registrar lo que parece ser un descarte inapropiado de agua de lastre, empleada en las embarcaciones para equilibrar el peso al navegar. Al observar estas situaciones, los pescadores de Ahomar pueden tomar fotos y subirlas anónimamente a la aplicación, detallando lo que ven. Las informaciones son luego verificadas por un moderador y se publican en un sitio web.

Tres semanas después del lanzamiento de la aplicación el 26 de julio, se habían publicado 20 denuncias en la web, y más de un centenar estaban bajo análisis, según sus administradores. Las demandas también pueden ser enviadas a las autoridades como el regulador ambiental Ibama o la Armada, para que puedan tomar medidas como multas o procesos judiciales.

Sin embargo, esta lucha implica para algunos poner en riesgo su propia vida, como para Anderson, que lleva años en pie contra los proyectos petroquímicos en la Bahía.

Él y su esposa ingresaron en 2009 al Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal, tras el asesinato de cuatro de sus compañeros, aún sin elucidar y tras sufrir ellos mismos atentados y amenazas, relata. Con el lanzamiento de la aplicación de fiscalización el «riesgo» para ellos «aumentó aún más», asegura. (AFP)