España inicia proceso de regularización histórica para personas migrantes

Este lunes 20 de abril arrancó en todo el territorio español el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes, una medida que busca integrar formalmente a miles de ciudadanos que ya conviven en el país.

El trámite inició con la apertura de citas previas y presenciales en las oficinas de la Seguridad Social y puntos habilitados en la red de Correos, donde los solicitantes deberán consignar su documentación para optar por derechos fundamentales.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben acreditar su estancia en España desde antes del 1ro. de enero de 2026 y demostrar una permanencia mínima de cinco meses mediante el arraigo.

Además de la continuidad de residencia, el Ejecutivo exige la ausencia de antecedentes penales, requisito indispensable para otorgar los permisos que garantizarán el acceso legal al mercado laboral y a la residencia de larga duración.

Aunque España realizó procesos similares bajo administraciones anteriores como las de José María Aznar (1996-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), esta convocatoria se distingue por su enfoque en la estabilización social actual.

La obtención de estos documentos permitirá a la población migrante salir de la economía sumergida y gozar de plenas garantías jurídicas, fortaleciendo la base de cotizantes de la Seguridad Social.

Sin embargo, el inicio de la jornada está marcada por la polémica debido a la exclusión de las personas apátridas de este marco legal. Esta decisión generó una profunda indignación entre los grupos de migrantes y las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, quienes denuncian que este colectivo queda nuevamente en un limbo administrativo a pesar de su histórica presencia en el país.

El malestar de las asociaciones se manifestó a través de protestas simbólicas frente a las oficinas gubernamentales, a través de las cuales criticaron que la medida no sea universal.

Argumentan que dejar fuera a los saharauis y otros apátridas contradice el espíritu de justicia social que el Gobierno proporcionó con esta regularización, la cual consideran incompleta por ignorar una realidad de vulnerabilidad extrema.

El proceso de recepción de solicitudes continuará durante los próximos meses bajo un estricto monitoreo de las autoridades migratorias y laborales.

Mientras el Gobierno defiende la eficacia técnica del plan para dinamizar la economía nacional, el debate sobre la inclusión de todos los sectores desplazados sigue abierto en la agenda pública española.

T|TELESUR