El sol de Venezuela nace en el Esequibo: la resistencia contra el colonialismo

La mañana del 3 de octubre de 1899 fue gris para Venezuela. Mientras la población entera se sumía en los estragos de la guerra civil, a kilómetros de distancia, en los salones dorados de París se consumaba uno de los mayores robos de la historia. Entre el humo del tabaco y la arrogancia de los imperios, cinco hombres (dos ingleses, dos estadounidenses y uno ruso) conversaban sobre cómo repartirse un territorio que no era de ellos ni conocían.

La dueña de casa ni siquiera fue invitada a esta mesa en la que se decidía cómo quitarle uno de sus brazos, justamente, aquel donde su historia había iniciado. Con sus levitas impecables y títulos rimbombantes, la arrogancia británica de los señores del tribunal se excusaba de no sentarse con quienes llamaban “hombres del trópico” para hablar sobre el territorio Esequibo. Según su criterio, no debían discutir “ni rebajarse” con personas que no tenían la moral ni el color de piel para decidir sobre su propia tierra.

A los venezolanos, golpeados por las querellas internas, nos llamaron salvajes y bajo esa excusa, con un movimiento de muñeca y tinta negra firmaron un Laudo Arbitral para amputarle 159000 kilómetros cuadrado de historia y geografía a la patria de Bolívar.

Ese 3 de octubre no se dictó una sentencia, se ejecutó un despojo que quedó dormido hasta que la conciencia de un abogado moribundo reveló la verdad: el fallo de París no fue justicia, fue una componenda.

Pudo más la conciencia

Severo Mallet-Prevost, abogado de la “defensa venezolana” en 1899, fue uno de los abogados estadounidenses que “defendió” los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. El imperio naciente, Estados Unidos, con su Doctrina Monroe, convenientemente se adjudicó la tarea de asumir la representación legal de la nación suramericana ante la negativa británica de sentarse con quienes llamaron “indios bananeros”.

Mallet-Prevost sabía que el derecho internacional debía basarse en hechos geográficos e históricos, lo cual no estuvo presente en el Laudo de París, documento breve carente de una exposición de motivos válida que justificara la delimitación de la frontera.

El resultado de este acuerdo era claramente un arreglo político y no una decisión jurídica, y el estadounidense lo sabía, pero, como abogado, estaba atado por normas de confidencialidad y ética profesional mientras el proceso estuviera «vivo» o sus protagonistas activos. Por ello, en 1944, la necesidad de dejar constancia de la injusticia que presenció, impulsa al jurista a escribir un memorándum detallado con la instrucción de que solo fuera publicado después de su muerte.

El abogado estadounidense “defensor” de Venezuela en 1899 murió en 1948 y en 1949 la revista The American Journal of International Law reveló la «trampa». Previo al Laudo, el juez ruso Federico Martens (presidente del tribunal) visitó a los jueces estadounidenses y les dio un ultimátum: o aceptaban la línea (favorable a Gran Bretaña) que él proponía o votaría con los británicos para quitarle a Venezuela aún más territorio, incluyendo las bocas del Orinoco.

Fue entonces cuando los estadounidenses cedieron y aceptaron un «punto medio» que era, en realidad, un robo orquestado.

Medio siglo pasó, Venezuela protestaba el expolio y nadie la escuchaba ante la falta de pruebas. En 1962, el testimonio de Mallet-Prevost permitió a la cancillería venezolana argumentar ante la joven Organización de las Naciones Unidas que el Laudo no era simplemente «injusto», sino «nulo e írrito» porque no fue un juicio, sino una coacción política.

La soberbia de Gran Bretaña se negaba a revisar el caso alegando que el fallo de 1899 era definitivo; sin embargo, quedó expuesta ante la comunidad internacional por lo que no le quedó más remedio que firmar el Acuerdo de Ginebra en 1966. Desde la tumba, Mallet-Prevost devolvió a Venezuela sus herramientas legales.

Venezuela defiende su territorio

Así, el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966 cambió las reglas del juego, las partes debían buscar una «solución satisfactoria para el arreglo práctico» de la controversia. Tres meses después, Guyana proclama su independencia y heredaba el conflicto que comenzó el moribundo imperio europeo.

Lamentablemente, la excolonia británica heredó también la arrogancia de su progenitora. Georgetown se aferró al Laudo de 1899 y argumentó “una amenaza” a su integridad territorial recién estrenada para denunciar ante la comunidad internacional las aspiraciones venezolanas de reclamar su territorio.

Desde entonces, Guyana ha ejecutado un despojo desde lo cartográfico, la cultura y el concreto ante su falta de basamento legal. Acude a la Corte Internacional de Justicia para exigir la absurda pretensión de que Venezuela desconozca sus derechos sobre este territorio que, a todas luces, se ha demostrado que es venezolano.

La comisión venezolana que asistió al ciclo de audiencias ante la CIJ ha sido tajante en su posición: solo se reconoce el Acuerdo de Ginebra para la resolución de este conflicto, no es un acto de rebeldía fortuita, es una postura fundamentada en la amarga realidad» de su historia.

Los voceros venezolanos sostienen que no se pueden aceptar como válidos los arbitrajes amañados del siglo XIX, en los que potencias como el Imperio Británico y Estados Unidos impusieron el fraudulento Laudo de París de 1899 bajo amenazas de invasión y bloqueos navales. Sostienen que entre naciones “soberanas” las diferencias solo pueden ser dirimidas sin tutelajes, por lo que Venezuela no someterá su integridad territorial a un tribunal extranjero.

Caracas ha denunciado en reiteradas ocasiones que Guyana intenta engañar a la opinión pública internacional al presentar a Venezuela como una «amenaza», ignorando deliberadamente que defienden no es una frontera establecida bajo un proceso amañado, y que la controversia territorial no está resuelta, lo cual ha sido reconocido expresamente en Ginebra.

De acuerdo a las declaraciones de los diplomáticos en la audiencia en La Haya, el intento de Guyana de validar unilateralmente el fraude de 1899 ante la CIJ es una traición al espíritu de negociación directa, con lo que busca una sentencia impuesta donde una parte gane a costa de la derrota de la otra, lo cual es exactamente lo opuesto al pacto de paz que ambos países firmaron en 1966 para superar la herencia colonial.

Venezuela no es una amenaza para Guyana porque nunca ha pretendido quitarle su territorio, simplemente ha defendido el que históricamente le pertenece. La defensa nacional en La Haya no implica el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ sobre el caso, sino el ejercicio soberano de la defensa frente a la intención impulsada desde Georgetown de abandonar la diplomacia.

La meta continúa siendo la restitución del territorio despojado a través del diálogo, bajo la premisa de que la soberanía no se litiga, sino que se defiende con la verdad histórica de un pueblo que se niega a repetir los errores de 1899.

T/Natchaieving Méndez