El Ministerio Público argentino exige transparencia sobre el Plan Cóndor
Ericka Morian 
Luego de que el presidente argentino, Javier Milei reactivara la Secretaría de Inteligencia del Estado, Las víctimas de delitos de lesa humanidad han manifestado una profunda preocupación por las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei en los ámbitos de inteligencia, derechos humanos y memoria histórica.
Por lo que, en un esfuerzo por arrojar luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de América Latina, el Ministerio Público argentino ha solicitado a diversas instancias del Estado la entrega de toda la documentación relacionada con el Plan Cóndor. Esta estrategia de integración de la inteligencia, impulsada y avalada por EE.UU., sirvió a las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980. La fiscal Paloma Ochoa ha admitido una solicitud presentada por Alejandrina Barry, víctima junto a su familia del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura militar (1976-1983).
La Justicia argentina sentó un precedente al determinar en 2016 que el Plan Cóndor fue una asociación criminal transnacional que operó desde 1975. Este pacto de sangre entre las dictaduras del Cono Sur tenía como fin la persecución sistemática de opositores políticos, facilitada por el intercambio de inteligencia y la coordinación de operativos conjuntos. Documentos desclasificados demuestran que la SIDE argentina, bajo el mando de Carlos Laidlaw, actuó como brazo ejecutor del Plan Cóndor en el país, con el respaldo de potencias extranjeras como Estados Unidos.
¿Qué ocurrió con Alejandrina Barry?
Con apenas tres años, en 1977, Alejandrina Barry fue arrancada de los brazos de sus padres durante un operativo brutal de la ESMA en Uruguay. Sus padres, militantes perseguidos por la dictadura, fueron asesinados, mientras a ella la esperaba un destino aún más cruel. En lugar de ser repatriada a su país, el régimen la retuvo, convirtiéndola en una pieza más de su macabro juego de propaganda. La niña, que no comprendía la magnitud de la tragedia, fue expuesta al mundo como un símbolo de la supuesta indiferencia de sus padres, ocultando así su secuestro y el asesinato de quienes la amaban.
En 2012, Alejandrina Barry logró que la Secretaría de Inteligencia confirmara la existencia de documentos sobre su familia, tras un pedido aprobado por el juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa ESMA. Este pedido fue impulsado por su defensa, encabezada por la ahora diputada Miriam Bregman. En julio pasado, Barry reiteró la solicitud, pocos días antes de que el Ejecutivo decidiera modificar el sistema de inteligencia.
“Hicimos este pedido ante los cambios que están ocurriendo en la central de inteligencia. Nos consta que tienen numerosa información relacionada con las víctimas de la dictadura militar y es importante para las causas en curso. Necesitamos una pronta resolución judicial que ordene preservar todos esos archivos. Hace muchos años que venimos trabajando en este tema; por eso, la preocupación es tan grande”, reveló Bregman.
El trabajo de la Fiscalía
Según la reconstrucción aportada por Página 12, la fiscala Paloma Ochoa ha respondido al pedido de Alejandrina Barry y ha ampliado la demanda al resto de las víctimas del Plan Cóndor. En este sentido, ha solicitado a la SIDE, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad la entrega de toda la información relacionada con las víctimas, los sindicados y los inicios del plan represivo trasnacional.
Los pliegos de su solicitud estaban dirigidos al juez Sebastián Casanello, quien se encuentra de permiso hasta finales de septiembre. Sin embargo, el despacho está siendo atendido por el juez federal Daniel Rafecas, quien desde 2004 ha investigado extensamente los crímenes perpetrados durante la época del terrorismo de Estado y ha indagado sobre el papel jugado por la SIDE en los centros de detención clandestina de Bacacay, Pomar y Automotores Orletty.
