Los profesores integrados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y gremios aliados como el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires ratificaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto.

La medida de fuerza exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso tras el veto del Ejecutivo y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan a la Casa Rosada girar las partidas presupuestarias adeudadas.

La parálisis en las universidades públicas responde a la severa pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, estimada en más de un tercio desde diciembre de 2023, debido a incrementos salariales fijados de manera unilateral por debajo de la inflación.

En el marco de las protestas, los gremios instalaron carpas frente a sedes gubernamentales, realizaron visibilizaciones e interrupciones del tránsito, y denunciaron el desmantelamiento de organismos culturales e históricos como el Coro Nacional de Niños y Niñas, disuelto por decreto oficial.

Frente al congelamiento de las partidas para becas, investigación y funcionamiento operativo, las organizaciones sindicales advirtieron que intensificarán el plan de lucha en todo el territorio nacional de no obtener una respuesta formal.

La comunidad universitaria enfatizó que la defensa de la educación pública e igualitaria constituye un pilar irrenunciable para la soberanía científica y el desarrollo del país.

En vísperas, a principio de agosto se ejecutó también un paro nacional pero convocado por la Confederación Terapéutica de Trabajadores de la Educación (Cetera), la CTA, la CTA Autónoma, ATE y los gremios universitarios registró una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía.

La comunidad educativa exige una recomposición salarial urgente, así como la asignación inmediata de presupuesto para frenar el deterioro edilicio y la deserción escolar en las escuelas e instituciones públicas. La jornada de protesta se desarrolló en medio de presiones e intimidaciones por parte del Ejecutivo de Javier Milei.

T/Telesur