
“Empoderar la inclusión: cerrar brechas para la justicia social” es el lema de este año del Día Mundial de la Justicia Social, una celebración que se conmemora cada 20 de febrero en todo el planeta y que, en muchos países, especialmente de América Latina, viene cargada de palabras y promesas que parecen quedar como un eco en el vacío.
Y es que el incumplimiento de las promesas a favor de la justicia social no tiene su causa en la falta de voz; de lo que se trata es de la ausencia de oído, voluntad y persistencia políticas y esto se demuestra en cifras que fracturan la utopía de vivir en un mundo justo.
Detrás de cada número en los que se demuestra la permanencia de la injusticia hay una madre cuyo sueldo no le llega a fin de mes, un niño sin acceso a educación digital o un trabajador sin condiciones laborales mínimas. Hoy, las cifras nos gritan que el camino hacia la equidad es todavía una cuenta pendiente y que no puede existir una buena convivencia cuando persisten barreras que no garantizan igualdad de oportunidades para que cada ser humano viva en plenitud.

El primer eslabón en crisis
Si se enfoca la atención sobre la justicia social en la niñez, los últimos datos difundidos por la UNICEF presentan un panorama desolador. De acuerdo con este organismo internacional, más de 400 millones de niños y niñas en el mundo subsisten en condiciones de pobreza extrema.
La falta de acceso a nutrición básica, agua potable o saneamiento y el derecho al desarrollo son parte de la realidad de millones de menores. Para muchos niños la igualdad de oportunidades no es parte de su cotidianidad, sino un mito inalcanzable antes siquiera de cumplir la mayoría de edad.
El informe de UNICEF revela que en países como Francia, Reino Unido y Suiza, la pobreza infantil aumentó más de 20 %. Esta situación también se evidencia en Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei recortó el presupuesto de programas dedicados al cuidado perinatal, lo que ocasionó el aumento de la mortalidad infantil (8,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos). A esto se le suma el alejamiento del Estado argentino en la gestión de la salud pública, lo que abre más la brecha entre quienes pueden pagar un servicio médico privado y aquellos que no tienen los recursos para hacerlo.
No puede olvidarse el lado más amargo de la injusticia social en el mundo: el trabajo infantil, una realidad que, lejos de erradicarse, muestra retrocesos alarmantes. Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, más de 160 millones de niños se ven obligados a trabajar, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo.
De esta cantidad de trabajadores infantiles, la mitad realiza trabajos peligrosos que ponen en riesgo directo su salud y su integridad física. Cuando la justicia social falla en los hogares, son los niños quienes pagan el precio, pues cambian las aulas de clases y los parques de juego por campos de cultivo o ventas ambulantes, lo que perpetúa así un ciclo de pobreza que se hereda de generación en generación.
Otro aspecto importante que se incluye dentro de los indicadores de justicia social es el derecho a la educación. Este aspecto ya no se limita a la tiza o al pizarrón, en la actualidad también se mide en gigabytes. Al respecto, UNICEF advierte que la pobreza digital ha creado una nueva forma de exclusión educativa: mientras en las naciones desarrolladas la Inteligencia Artificial transforma el aprendizaje, en el Sur Global más de mil millones de estudiantes carecen de las competencias digitales básicas o de una conexión estable.
Esta brecha educativa no es solo tecnológica, es una sentencia de injusticia social que condena a los estudiantes más pobres a una educación del siglo pasado. Esta realidad los aleja de las oportunidades laborales del futuro, pues la conectividad se ha convertido en el nuevo requisito para el libre desenvolvimiento en la dinámica social.

Pobreza con rostro de mujer
Otro ejemplo tangible de la desigualdad de la justicia social en el mundo lo registró el Panorama de género 2025, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Según este estudio, por cada 100 hombres que viven en situación de pobreza, hay 121 mujeres enfrentando la misma carencia. Estas cifras responden a la carga desproporcionada de trabajos de cuidado no remunerados y a una falta de políticas que protejan a las madres trabajadoras.
A esto se suma la histórica y persistente brecha salarial en algunos países que, aun en 2026, hace que muchas mujeres ganen, en promedio, 20% menos que los hombres por trabajos de igual valor. Como resultado, la pobreza femenina no es solo una falta de ingresos inmediatos, sino una trampa estructural que obliga a millones de madres a multiplicar sus jornadas laborales, especialmente en el sector informal, para compensar la ausencia, sacrificando su salud física y mental en el proceso.
Mientras en países como Corea del Sur e Islandia las mujeres enfrentan disparidades que superan el 30%, en América Latina la falta de sistemas públicos de cuidado (guarderías, centro de cuidado de ancianos, instancias de atención a niños y jóvenes con condiciones) empuja a las madres hacia la informalidad, pues generalmente esta responsabilidad recae sobre las féminas.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en países como Alemania o Estados Unidos, el nacimiento de un hijo reduce drásticamente las proyecciones de ingresos de la mujer, mientras que la del hombre suele mantenerse o aumentar.
En Estados Unidos, la brecha salarial persiste como una barrera estructural donde las mujeres perciben, en promedio y según sus últimos censos, apenas 82 centavos por cada dólar que gana un hombre. Esta disparidad se agrava drásticamente para las afroamericanas e hispanas, demostrando que incluso en la mayor economía del mundo, la justicia social tropieza con el género.

El laberinto de la informalidad laboral
Asimismo, según la OIT, la informalidad laboral en América Latina y el Caribe se mantiene en niveles críticos, lo que afecta cerca del 48 % de los trabajadores, es decir, alrededor de una de cada dos personas.
En tal aspecto, la instancia internacional refiere que cerca de la mitad de la población latinoamericana trabaja sin seguridad social, sin jubilación y sin protección médica. Esta realidad coloca en una cuerda floja el concepto de justicia social, pues esta no puede existir mientras uno de cada dos trabajadores cumplan su labor sin los derechos mínimos que le garanticen su estabilidad y la de su familia.
A esta cifra se suma un dato aún más alarmante: la informalidad golpea con mayor fuerza a la juventud, pues según los últimos datos seis de cada 10 jóvenes acceden únicamente a empleos precarios y sin derechos. Sin una base de trabajo digno, cualquier intento de progreso social no es más que una voz que se pierde en el vasto océano de la precariedad.
Lo anterior es solo una parte minúscula de las razones por las cuales hoy, Día Mundial de la Justicia Social, no se puede celebrar. Ciertamente, existen naciones que van en vías de solventar sus problemas estructurales y de allí encontrar los mecanismos para que cada uno de sus pobladores tenga igualdad de oportunidades para vivir en condiciones dignas. Sin embargo, pareciera ser una tara de la humanidad el emprender buenos proyectos envueltos de discursos esperanzadores que se quedan a mitad de camino por falta de voluntad, constancia y claridad en el objetivo final: la equidad.
Esta fecha nos recuerda que el camino no está completamente allanado, que faltan muchas manos para lograr una sociedad justa, pero la utopía de conseguirla es, tal como diría Eduardo Galeano, la que nos impulsa a caminar hacia un mundo para todos, sin exclusiones.
T/Natchaieving Méndez

