
Al menos 504 personas fallecieron en centros penitenciarios de El Salvador entre abril de 2022 y marzo de 2026, en el contexto del estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele. Así lo reportó un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
El reporte destaca un dato alarmante: un 90% de las víctimas no presentaba un perfil de pertenencia a pandillas, lo que contradice el argumento oficial de que las detenciones masivas se dirigen exclusivamente contra grupos criminales. La organización advierte que, debido al hermetismo oficial, la cifra real de fallecidos podría ascender hasta los 2.000.
El contexto de estos decesos está marcado por denuncias sistemáticas de tortura, hacinamiento extremo y falta de atención médica en prisión. Testimonios de familiares recabados por SJH describen cuerpos entregados con signos evidentes de violencia física.
Este mes, una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas elevó el tono de la crítica internacional al acusar al Gobierno salvadoreño de cometer posibles crímenes de lesa humanidad, vinculados a la implementación de estas medidas extraordinarias que han suspendido garantías constitucionales de forma ininterrumpida.
Hasta la fecha, las organizaciones humanitarias contabilizan 91.650 detenciones totales bajo el régimen de excepción, 6.889 denuncias por violaciones a derechos humanos, un 98% por ciento de los casos correspondientes a detenciones arbitrarias, y agentes de la Policía Nacional Civil vinculados al 75% de los atropellos reportados.
T|VTV

