
El Congreso de Paraguay ratificó el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos, el cual permite la presencia temporal de tropas, empleados civiles y contratistas del Departamento de Defensa en territorio paraguayo. Con el respaldo del oficialismo liderado por el presidente Santiago Peña, el tratado busca fortalecer la seguridad y la lucha contra el narcotráfico mediante ejercicios conjuntos, operaciones humanitarias y cooperación militar estratégica.
Los puntos más polémicos del documento incluyen el otorgamiento de inmunidad jurídica similar a la diplomática para el personal estadounidense y la posibilidad de que Washington ejerza jurisdicción penal sobre sus ciudadanos en caso de delitos. Además, el acuerdo concede exenciones fiscales y aduaneras totales para el ingreso de vehículos, aeronaves y equipos militares, permitiendo un acceso discrecional a diversas instituciones del país.
La oposición y diversos sectores sociales han calificado la medida como una «entrega de soberanía». Entre las críticas destaca la preocupación por el acceso de EEUU a información sensible sobre recursos naturales estratégicos, como el litio y los acuíferos. Asimismo, legisladores opositores advirtieron que las condiciones del tratado facilitan la eventual instalación de una base militar extranjera, comparando a quienes impulsaron el acuerdo con figuras históricas que colaboraron con potencias externas contra Paraguay.
Este alineamiento geopolítico se consolida tras la participación de Peña en la cumbre Escudo de las Américas junto a Donald Trump. Mientras el Gobierno defiende la medida como una necesidad para profesionalizar sus fuerzas de seguridad, el país se divide ante un tratado que entrará en vigor próximamente y que promete mantener encendido el debate sobre la autonomía nacional y la presencia militar extranjera en la región.
T/Telesur

