Colombia podría sumarse al veto de redes sociales en menores de 16 años
Dayana Guzmán 
El debate sobre la infancia y el entorno digital fue centro de escenario legislativo en Colombia, este miércoles 22 de julio de 2026, donde el senador Enrique Cabrales y el representante Jesús Lorduy radicaron ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de plataformas de redes sociales a menores de 16 años en el territorio nacional.
La iniciativa plantea imponer obligaciones a las empresas administradoras de entornos digitales para que adopten mecanismos de verificación de edad. Con ello se pretende impedir la creación de perfiles y la permanencia de cuentas pertenecientes a menores del umbral establecido.
Los ponentes respaldan el proyecto en diagnósticos sobre los riesgos del ciberespacio. De acuerdo con el estudio Disrupting Harm Colombia, elaborado de manera conjunta por Unicef, Ecpat International e Interpol, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en el último año, lo que representa a cerca de 860.000 niños, niñas y adolescentes en el país.
A la vulnerabilidad frente a ciberdelitos se suman las repercusiones en la salud mental, en el cual diversas investigaciones señalan que la exposición prolongada a plataformas interactivas se asocia con un incremento sostenido en el riesgo de padecer síntomas de ansiedad, depresión y alteraciones del sueño.
Según datos citados por los autores del proyecto, los menores en Colombia permanecen en promedio entre ocho y nueve horas diarias conectados a dispositivos electrónicos, al tiempo que un 62 % de los menores de 16 años navega sin controles parentales. Adicionalmente, el consumo interactivo superior a tres horas al día correlaciona con un deterioro en el bienestar emocional.
Desde la postura de los impulsores de la norma, la intervención estatal resulta prioritaria para mitigar factores de riesgo como el ciberacoso y la exposición a contenidos nocivos. Según las declaraciones emitidas durante la radicación, la propuesta no pretende aislar a los jóvenes de la tecnología en sus vertientes pedagógicas, sino establecer un marco de protección jurídica e institucional.
El dilema en las aulas: regulación del celular frente a fines pedagógicos
A la par del debate sobre el acceso general a redes sociales mediante plataformas globales, en el ámbito educativo, cobra relevancia la discusión sobre la presencia de teléfonos celulares dentro del entorno escolar. Esta vertiente contrapone dos visiones sobre la gobernanza de las aulas.
Por un lado, sectores académicos y directivos docentes argumentan que la restricción de dispositivos celulares durante la jornada escolar contribuye a reducir los distractores en el aprendizaje, disminuye los casos de ciberacoso escolar y promueve la interacción interpersonal entre estudiantes durante los recesos. Experiencias en centros educativos evidencian que la desconexión dentro de la institución mejora la concentración académica y fomenta la convivencia social.
Sin embargo, expertos en tecnología educativa sostienen que la prohibición tajante del celular en las aulas resulta poco práctica en el contexto actual y puede privar a los estudiantes de herramientas de consulta y alfabetización digital. Desde esta perspectiva, se sugiere orientar el enfoque hacia la regulación pedagógica, promoviendo pautas de uso responsable, códigos de convivencia consensuados y el fortalecimiento de la mediación docente.
Retos técnicos, viabilidad y el trámite legislativo
La efectividad de las propuestas que buscan vetar o limitar el acceso a redes sociales enfrenta desafíos de viabilidad técnica e institucional. El principal obstáculo radicado por analistas del sector tecnológico concierne a los métodos de verificación de edad. La exigencia de mecanismos estrictos plantea interrogantes sobre la privacidad de los datos personales de los usuarios, así como la posibilidad de que los menores superen las barreras mediante redes privadas virtuales (VPN) o registros falsos.
El proyecto radicado en Colombia exige a las plataformas asumir la responsabilidad operativa y técnica para desarrollar sistemas de verificación eficaces, e incluye sanciones para las empresas prestadoras del servicio que incumplan las disposiciones regulatorias.
Con la radicación del texto en el Congreso de la República de este país, se inicia formalmente el trámite legislativo en las comisiones constitucionales. Durante los cuatro debates requeridos por el ordenamiento legal, el Legislativo abordará la viabilidad jurídica, la efectividad técnica y el equilibrio entre la protección de la infancia y las libertades digitales.
T/Agencias
