
El vertedero de Agbogbloshie, ubicado al oeste de Accra, Ghana, se ha convertido en un símbolo de la crisis global de desechos electrónicos, donde el aire está contaminado y la salud de los trabajadores está en grave riesgo. En este lugar, hombres y mujeres se agrupan alrededor de pilas de chatarra, quemando cables y plásticos para extraer metales valiosos como el cobre y el oro.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informa que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel mundial, un aumento del 82 por ciento desde 2010. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente electronización de la sociedad, con envíos anuales de teléfonos inteligentes que han más que duplicado desde 2010.
A pesar de que solo alrededor del 15 por ciento de estos desechos se reciclan adecuadamente, organizaciones criminales están aprovechando la situación. Los traficantes exportan desechos electrónicos a países en desarrollo como Ghana, donde las infraestructuras para su gestión son insuficientes. Las autoridades han identificado un aumento significativo en el tráfico de desechos electrónicos, representando una de cada seis incautaciones a nivel mundial.
Los métodos utilizados por los traficantes son cada vez más sofisticados. En el Reino Unido, por ejemplo, muchos desechos son declarados erróneamente como reutilizables, pero terminan siendo descompuestos para extraer metales preciosos y luego quemados ilegalmente en países receptores. La falta de regulación efectiva permite que estas prácticas continúen sin control.
La quema de desechos electrónicos no solo contamina el medio ambiente, sino que también tiene graves consecuencias para la salud humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición a sustancias tóxicas liberadas durante este proceso puede causar trastornos neurológicos y otros problemas de salud graves.
A partir de enero de 2025, el Convenio de Basilea exigirá que los exportadores declaren todos los desechos electrónicos y obtengan permisos adecuados. Sin embargo, muchos países clave, incluido Estados Unidos, aún no han ratificado este tratado, lo que dificulta la lucha contra el tráfico ilegal de desechos electrónicos.

