Corte Suprema ordena a Milei cumplir con Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió este jueves mantener vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que representa un revés judicial para el Ejecutivo, que había intentado frenar su implementación.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y confirmó la obligación de cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de becas estudiantiles.

«Se desestiman el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional», indicó la Corte en su fallo.

La resolución se produjo tras meses de disputa entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria, que denunció el deterioro del financiamiento público y reclamó la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

Pese a su aprobación en agosto de 2025, el Gobierno se negó a cumplir la legislación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió llevar el reclamo a la Justicia. Ante el lento avance de la causa, las universidades pidieron una cautelar para que al menos se cumplan los artículos 5 y 6 del texto aprobado en Diputados y Senadores.

Las universidades recibieron fallos a favor de esa cautelar en primera y segunda instancia, pero el Poder Ejecutivo siguió en desacato. Finalmente, este fallo de la Corte Suprema obliga al Gobierno a cumplir con esos puntos de la ley.

«La motosierra» en las universidades argentinas

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.

Por otro lado, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, los salarios universitarios perdieron más de 30 por ciento de poder adquisitivo, en medio de un contexto donde la inflación registró un 2,1 por ciento mensual en mayo y acumuló un 33,2 por ciento interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el fallo de la Corte Suprema, permanece vigente la orden para actualizar los haberes del personal universitario y avanzar con la recomposición de programas destinados a estudiantes.

En este sentido, el Gobierno deberá actualizar las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 (apróximadamente 57 dólares) hace más de 2 años.

Sin embargo, aún falta por resolverse otras cuestiones como los gastos de funcionamiento, entre ellos los Hospitales Universitarios.

De acuerdo a la plataforma Página 12, «el costo fiscal de la Ley de Financiamiento era del 0,2 por ciento del PBI para todo el 2026. Unos 1400 millones de dólares, lo mismo que embolsaron las grandes agroexportadoras por la quita de retenciones de septiembre del año pasado. Pero como la aplicación no es retroactiva, cada mes que el Gobierno demora en cumplir le significa un importante ahorro de más de 100 millones de dólares».

T| TELESUR