Juzgado colombiano ordena embargo de 400.000 dólares a empresas vinculadas con Álex Saab y su exesposa
Narkys Blanco 
Un juzgado de Colombia ordenó el embargo de más de 1.478 millones de pesos colombianos (aproximadamente 400.000 dólares estadounidenses) en cuentas bancarias de empresas vinculadas al empresario colombiano Álex Saab y a su exesposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina, como parte de un proceso relacionado con presuntas actividades de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La medida fue decretada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, que aceptó solicitudes presentadas contra la empresa Jacadi de Colombia S. A., cuyos principales representantes fueron Saab y Ceratin. La decisión contempla el embargo y secuestro de los recursos que la compañía tenga o pueda llegar a tener en cuentas corrientes, de ahorro u otros instrumentos financieros.
Además, la orden judicial — a la que tuvo acceso el medio Semana —incluye la revisión y congelación de recursos asociados a otras firmas mencionadas en investigaciones previas contra Saab, entre ellas Shatex S. A., así como productos financieros en entidades como Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
Según la resolución, los fondos retenidos deberán ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la administración de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito. El tribunal consideró procedentes las nuevas medidas cautelares solicitadas con el objetivo de garantizar una eventual reparación por los daños económicos señalados en el proceso.
La decisión se conoce semanas después de que Saab fuera entregado a Estados Unidos, donde enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con presuntos esquemas de corrupción vinculados al programa de distribución de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela.
De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, Saab habría participado entre 2015 y 2019 en una conspiración para ocultar el origen y la naturaleza de suministros alimentarios destinados al programa social venezolano.
Los fiscales sostienen que el empresario obtuvo contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos y que presuntamente se falsificó documentación para hacer pasar importaciones como provenientes de Colombia y México.
T/Semana
