En un claro enfrentamiento al manejo gubernamental de la crisis energética, miles de ciudadanos ecuatorianos han salido a las calles de la capital para manifestarse en rechazo a la falta de soluciones efectivas. Durante la última semana, el país ha enfrentado apagones programados de hasta 14 horas diarias, un perjuicio que agrava el malestar social.

«Soy madre, soy mujer, soy profesional en libre ejercicio, que, literalmente, me he quedado sin trabajo por la cuestión de la luz. Y estoy aquí ya indignada porque el pueblo no reacciona», declaró Ximena Jurado, participante de la marcha, a Radio Pichincha. Su testimonio resonó entre los manifestantes que se congregaron en la Plaza Indoamérica y avanzaron hacia el centro histórico de Quito.

El gobierno de Daniel Noboa enfrenta crecientes críticas; los ciudadanos exigen atención a la crisis que ha dejado, entre otras cosas, un impacto devastador sobre el empleo y la educación. «Lo que se quiere es trabajo, salud, calidad de la educación», añadió Jurado, enfatizando las necesidades insatisfechas de la población.

A medida que avanzaba la marcha, los manifestantes intentaron llegar hasta la Plaza de la Independencia, cercana al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Sin embargo, la Policía Nacional bloqueó su avance, generando enfrentamientos en la Plaza de Santo Domingo. En respuesta, los organizadores prometieron nuevas manifestaciones el 15 de noviembre.

El mismo día, en una cadena nacional, Noboa anunció planes para reducir gradualmente la duración de los apagones en los próximos días, de catorce a seis horas, una medida que busca mitigar el descontento popular.

Antecedentes de la Crisis

La crisis energética actual es alimentada por una sequía severa que afecta las fuentes hídricas que abastecen a las hidroeléctricas, responsables del 72% de la electricidad generada en Ecuador. El Gobierno reconoce también el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, que ha contribuido al déficit eléctrico mediante la falta de inversión en nuevas tecnologías y el mantenimiento de las infraestructuras existentes.

Desde el inicio de los cortes en 2023, la situación se ha intensificado en los últimos meses, provocando pérdidas multimillonarias. La administración de Noboa tiene el arduo desafío de resolver una crisis que no solo afecta la economía sino que también amenaza con profundizar la inseguridad en el país. (Sputnik)