Bolivia: Sindicatos intensifican bloqueo de carreteras por gasolina contaminada
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
Los bloqueos en la carretera que conecta La Paz con Perú, específicamente en la ruta hacia el santuario de Copacabana, fueron fortalecidos este martes por campesinos de la región de Achacachi, conocidos históricamente como los Ponchos Rojos.
Estas movilizaciones que iniciaron el pasado jueves siete de mayo se extienden ya a más de 30 puntos distribuidos en cinco de los nueve departamentos del país, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Los manifestantes exigen de manera contundente la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses, ante el descontento generalizado por la gestión de la crisis energética.
El detonante principal de este malestar social es la distribución de gasolina contaminada, la cual habría afectado a cerca de un millón de vehículos en todo el territorio nacional.
Los sectores movilizados denuncian que el combustible fue adquirido por la actual administración a más del doble del precio pagado por el gobierno anterior, mientras que es vendido al público con un incremento del 100% desde diciembre, marcando el inicio de la supresión de los subsidios.
Frente a la parálisis de las rutas, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo reuniones con alcaldes de las 20 provincias y el gobernador de La Paz para coordinar obras de desarrollo local y organizar a sectores vecinales con el fin de evitar nuevos cierres.
Por su parte, el viceministro de Planificación Estratégica, José Luis Llanos, anunció que este martes 12 de mayo iniciará un operativo de desbloqueo de carreteras con el apoyo de las autoridades municipales.
La tensión crece en las regiones rurales, donde la base campesina reafirma su compromiso de lucha contra lo que consideran una gestión ineficiente que atenta contra la economía popular. Bolivia atraviesa un escenario de profunda agitación social al cumplirse la segunda semana de movilizaciones que la Central Obrera Boliviana (COB) convocó.
La organización sindical ratificó la continuidad del paro movilizado indefinido para exigir la reposición del valor del salario y el abastecimiento de combustible con calidad certificada.
El impacto de estas medidas ya redujo la provisión de alimentos, lo que obligó al Ejecutivo a anunciar un puente aéreo para transportar insumos básicos hacia el altiplano. Pese a que el mandatario busca respaldo en reuniones con alcaldes y empresarios, los sectores populares rechazaron sus propuestas, especialmente la iniciativa de reformar la Constitución para atraer inversión extranjera.
Por su parte, el analista Hugo Moldiz explicó que este cambio pretende excluir al Estado como actor fundamental para otorgar mayor peso a la propiedad privada, lo que representa un proceso de transnacionalización de la economía en perjuicio del modelo de economía plural.
Sectores movilizados en zonas emblemáticas como Senkata advirtieron que mantendrán las acciones hasta lograr la dimisión del jefe de Estado. Más de 70 organizaciones sociales sostienen la presión en las carreteras y denuncian la criminalización de la protesta, defendiendo los principios de soberanía económica que la actual Carta Magna rige.
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