Más de 70 organizaciones sociales llevan adelante una jornada de protestas en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que eliminó el programa Volver al Trabajo.

La jornada de protestas se desarrolla en diversos puntos de Argentina, con el reclamo principal centrado en la baja del ex Potenciar Trabajo, ahora denominado Volver al Trabajo (VAT).

Los manifestantes se concentraron en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki del tren Roca, cortando Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez, lo cual imposibilitó la subida al Puente Pueyrredón. Allí ya ocurrieron cruces entre fuerzas federales y manifestantes, luego de que los efectivos empujaran y gasearan a los presentes.

Otros puntos de corte total incluyen el Puente Saavedra, del lado del partido bonaerense de Vicente López, sobre la avenida Maipú y General Paz, y el Puente La Noria. Asimismo, se registran cortes totales en la Ruta 3 y General Paz en La Matanza, la Avenida Rivadavia y colectora General Paz, sentido provincia, y la subida a la autopista Buenos Aires-La Plata.

Las marchas se replican en otros puntos de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y Rosario. También se extienden a las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Formosa, San Juan, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y San Luis, evidenciando un rechazo generalizado a las políticas gubernamentales que afectan a la población más vulnerable.

Entre las organizaciones movilizadas se ubica, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Miembros de este movimiento realizaron cortes de rutas, en rechazo a la eliminación del salario social complementario de 78.000 pesos por parte del Gobierno de Javier Milei, lo que afecta directamente a 900.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Bajo la consigna Trabajo sin salario es esclavitud, la UTEP que agrupa a cartoneros, cooperativistas y trabajadoras de comedores comunitarios advierte que esta medida condena a la indigencia a una vasta parte de la población, intensificando la crisis social en el país.

Las organizaciones sociales denuncian al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, por ejecutar una estrategia que afecta el poder adquisitivo del sector, mediante el «desenganche» del ingreso social respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La UTEP señala que la Administración de Milei no solo desfinancia a los sectores más vulnerables, sino que expulsó a más de 300.000 personas del empleo formal, quienes ahora ejercen presión sobre una economía popular sin red de contención.

Johana Duarte, secretaria gremial, calificó la medida como una muestra de «crueldad sin límites», que afecta los ingresos individuales y destruye las economías locales y comercios de cercanía en las provincias más empobrecidas del norte argentino.

T|TELESUR