
El primer país del mundo en aprobar una ley que regula el uso de la inteligencia artificial, según la agencia Yonhap es Corea del Sur. La legislación entró en vigor el pasado 22 de enero y tiene por objetivo luchar contra la desinformación, ‘deepfakes’ y otras consecuencias perjudiciales del uso de la IA.
Según la norma, las empresas que suministren directamente productos y servicios de IA deben añadir una «marca de agua» al contenido de voz, imagen o video generado con inteligencia artificial. la agencia destacó que «aplicar marcas de agua al contenido generado con la IA es la medida mínima de protección para evitar los efectos perjudiciales del abuso de la tecnología de IA, como el contenido deepfake (profundo)» refiere.
La ley también afecta a los videojuegos, por lo tanto los desarrolladores que utilicen la IA deben incluir el aviso «este juego utiliza IA generativa en determinados aspectos» al igual que los personajes creados, los chatbots, entre otros.
También la ley fija el término de «IA de alto riesgo», que se usa para las tecnologías que afectan sustancialmente la vida, la seguridad o los derechos fundamentales. Como ejemplo, Yonhup citó el impacto de la IA en el proceso de contratación, las revisiones de préstamos o el asesoramiento médico.
Las compañías cuyas tecnologías generen contenido perteneciente al grupo de alto riesgo, deben informar explícitamente a los usuarios de que sus servicios se basan en la IA, además deben asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad.
Por su parte, las empresas de IA que operen en el país y cumplan cualquiera de los criterios y tengan ingresos anuales globales de 681 millones de dólares o más, ventas en el país por unos siete millones de dólares o al menos un millón de usuarios diarios en el país, tienen que designar un representante local. OpenAI y Google cumplen con los criterios, indica Yonhup.
Si no lo hacen, pueden afrontarse a una multa de hasta 20.000 dólares. Sin embargo, las autoridades, por su parte, tienen previsto aplicar un período de transición de un año antes de imponer sanciones.
T/Agencias

