La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) encabezó este lunes una masiva movilización nacional en rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que dispone la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.

Desde tempranas horas, miles de trabajadores provenientes de departamentos como Potosí se concentraron en la Ceja de El Alto para descender hacia la sede de Gobierno en La Paz. La protesta denuncia que esta medida constituye un golpe severo a la estructura productiva del país, elevando los costos de operación de manera insostenible para el sector cooperativista y la pequeña minería.

Los dirigentes mineros, representados por Alfredo Uño Villca, exigieron la anulación inmediata de la normativa y la apertura de canales de diálogo genuinos con el Ejecutivo central.

Por su parte, desde la Cooperativa Veneros Porco se advirtió que el incremento en el precio del diésel afecta directamente el funcionamiento de maquinaria pesada, compresoras y volquetas esenciales para el traslado de mineral hacia los ingenios. Para los trabajadores del subsuelo, la vigencia de este decreto pone en riesgo la estabilidad de miles de hogares que dependen exclusivamente de la actividad extractiva para subsistir.

De manera simultánea, la Organización de Fabriles activó bloqueos en puntos estratégicos de Cochabamba, particularmente en la carretera Blanco Galindo que conecta con Oruro y La Paz.

Siguiendo el mandato de un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), este sector denunció que el Decreto 5503 fue promulgado sin una socialización previa con las organizaciones sindicales. Los trabajadores fabriles señalaron que la imposición de estas medidas, sin consultar a las bases, evidencia un distanciamiento entre las autoridades y las necesidades reales del sector obrero organizado.

La preocupación de los movimientos sociales trasciende el costo directo del carburante, enfocándose en el efecto inflacionario que ya golpea la canasta básica y los servicios básicos. Los manifestantes advirtieron sobre un «efecto en cadena» que encarece los alimentos y precariza la economía de las capas más humildes de la población boliviana. Aunque sectores fabriles no se oponen a una revisión progresiva de las subvenciones, exigen que exista una regulación estricta para evitar que el ajuste se traduzca en una crisis de costo de vida incontrolable.

T | Telesur