La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, tildó este miércoles como «intolerable» la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y ha reclamado que la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino no sea «politizada» o «militarizada», tras el establecimiento de puntos de reparto por parte de una fundación apoyada por Israel y Estados Unidos.

«La operación militar en Gaza, el uso desproporcionado de la fuerza y la muerte de civiles no pueden ser tolerados. Los continuados ataques contra infraestructura civil son inaceptables», señaló Kallas.

Así mismo, pidió la reactivación del alto el fuego, roto por Israel a mediados de marzo tras ser pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de cara a «la liberación de todos los rehenes» y «un fin permanente de las hostilidades a través de unas negociaciones», reseñó Europa Press.

Kallas hizo hincapié en que el bloque europeo «reitera que la ayuda humanitaria nunca debe ser politizada o militarizada» y ha recordado el papel que juegan los organismos de Naciones Unidas a la hora de «distribuir ayuda humanitaria», al tiempo que ha hecho de nuevo un llamamiento a «un reinicio inmediato, sin obstáculos y sostenido de la ayuda a la escala necesaria, en línea con las necesidades de la población civil en Gaza».

Kallas condenó también los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y ha recalcado que «las campañas de intimidación, los ataques físicos y verbales y la destrucción e incendio de propiedades y viviendas están provocando el desplazamiento de comunidades palestinas en su totalidad».

«Israel debe tomar medidas decisivas de inmediato para abordar esta cuestión y garantizar que los autores de estos crímenes rinden cuentas», sentenció.

La jefa de la diplomacia europea ha cargado además contra los «incidentes» registrados el lunes en la Ciudad Vieja de Jerusalén con motivo de los actos del Día de Jerusalén, «incluida la incitación a la violencia e intimidación contra residentes y periodistas».