Ley del Enemigo Extranjero: Una excusa arcaica de Trump para agredir migrantes venezolanos

Natchaieving Méndez

Desde su segunda llegada a la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump ha vendido su imagen como el gran «promotor de la paz». La mediación entre Ucrania y Rusia, así como entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel en la Franja de Gaza, con preferencia al estado sionista, ha sido parte de su agenda de sus primeros 50 días.

Paradójicamente, el otro lado de la moneda que ha mostrado de su gestión ha causado desconcierto. Una guerra arancelaria sin precedentes contra varios países y alianzas comunitarias como China, Canadá, México y la Unión Europea, desdice el «carácter pacifista». A todo esto, se le suma una ofensiva acérrima en contra de los migrantes que se encuentran en tierras estadounidenses, especialmente, si su nacionalidad es venezolana.

Crónica de una agresión anunciada. Durante su campaña a la presidencia, el magnate utilizó el lamentable asesinato de la estudiante Lake Riley, perpetrado por el venezolano José Antonio Ibarra, a quien, sin tener prueba alguna, vinculó con la banda criminal Tren de Aragua.

A partir de este caso, el ahora mandatario norteamericano ha mantenido un discurso de «crisis migratoria» que, a su juicio, son el resultado de las políticas fallidas de su antecesor (Joe Biden). En su verbo incendiario, el titular de la Casa Blanca recalca la «amenaza» a la seguridad nacional que representan los migrantes, todos, no hace distinciones.

Bajo este argumento, Trump ha desempolvado acciones empleadas en períodos bélicos de la historia estadounidense, una de ellas, la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero, aprobada hace 227 años y utilizada solo en tres ocasiones. ¿Están dadas las condiciones para esta ofensiva guerrerista de presidente de EE. UU.?

Ley de hace 227 años ¿las mismas circunstancias?

El 31 de enero de este año, Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, viajó a Venezuela para sostener un encuentro con el presidente Nicolás Maduro. En esta reunión, ambas naciones no solamente acordaron la liberación de seis estadounidenses privados de libertad por participar en actos conspirativos en contra del Gobierno Bolivariano, además conversaron sobre las deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente a EE. UU, algunos de ellos, vinculados con la banda criminal Tren de Aragua.

Todo pareció desarrollarse como estaba previsto; sin embargo, acciones de Washington en el ámbito económico, destruyeron los acuerdos. Así, el sábado 15 de marzo, el presidente Trump anunció el cumplimiento de una promesa hecha durante su campaña electoral: la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero para para deportar a más de 200 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. ¿La excusa? A los indiciados se les acusó, sin pruebas, de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

La Ley del Enemigo Extranjero fue aprobado en 1798 cuando EE. UU. estaba cerca de una guerra con Francia. En aquel entonces, el partido Federalista temía que los extranjeros que vivían en tierras norteamericanas simpatizaran con los europeos.

Por esta razón, al lógicamente persistir la influencia y admiración hacia Europa en las tierras que tenían pocos siglos colonizada, se temía que personas de otras tierras residentes en Estados Unidos fuesen espías o vehículos para el sabotaje.

En su momento, esta ley fue muy controvertida y causó rechazo en la colectividad por considerarla una violación a los derechos individuales y a la libertad de expresión, circunstancias que contribuyeron a la derrota del partido Federalista en las elecciones de 1800.

La ley faculta al presidente a detener y deportar a gran cantidad de personas que no tengan ciudadanía estadounidense, bajo la justificación de una «guerra declarada» o ante el decreto presidencial de una «invasión o incursión depredadora» por parte de otra nación o gobierno extranjero.

Así, para el momento en que fue creada, en la Casi Guerra contra Francia, la gestión de John Adams no empleó esta ley de forma significativa, en su lugar, si aplicó otras normativas jurídicas que formaban parte de la serie de leyes Alien and Sedition Acts: la Ley de Extranjería y la de Sedición. La intención era reprimir especialmente a los inmigrantes franceses, intelectuales, activistas, críticos de la gestión federalista.  El conflicto se resolvió con el Tratado de Mortefontaine, puso fin a las hostilidades y no fue necesaria la aplicación de la Ley Enemigo Extranjero.

Más tarde, en 1917 cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero le dio facultades a la gestión de Woodrow Wilson para detener, internar y supervisar a ciudadanos que residían en el país y que eran nativos de las potencias centrales con las que se encontraba en conflicto (Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano).

En esta oportunidad, se estima que alrededor de 250 mil personas fueron clasificadas como «extranjeros enemigos» y tenían la obligación de registrarse ante las autoridades y portar tarjetas de identificación. Además, cerca de 6 mil ciudadanos extranjeros fueron detenidos en llamados «campos de internamiento» todo lo que duró el conflicto.

Bajo el marco de esta ley, el gobierno estadounidense pudo confiscar propiedades y bienes de los «extranjeros enemigos», si sospechaban que podían ser utilizados para el espionaje y actividades subversivas.

Esta aplicación sentó un grave precedente que sentó las bases de su posterior implementación. Además de sembrar sospecha y xenofobia contra la comunidad germano estadounidense, muchísimos ciudadanos enfrentaron a la discriminación y la represión sin haber cometido delito alguno, solo tener orígenes alemanes.

Pero, sin dudas, el momento más oscuro para la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero en EE. UU. fue durante la Segunda Guerra Mundial. Unas 120 mil personas entre japoneses, alemanes e italianos, muchos con la ciudadanía estadounidense, fueron llevados en campos de internamiento. En la mayoría de los casos no había pruebas concretas que les implicara en un acto subversivo, solamente se basaron en el origen étnico.

En algunos casos, los detenidos fueron llevados sin previo aviso, dejando a sus familias sin sustento ni apoyo, lo que originó que muchas mujeres y niños quedaran en estado de indefensión. Esto sin contar la xenofobia y el racismo acrecentado contra las comunidades de origen alemán, italiano y japonés, por lo que otros ciudadanos si bien no fueron internados, pero perdieron sus trabajos y se les excluyó de la vida social y económica.

No fue sino hasta los años 1980 y 1990 cuando el gobierno estadounidense reconoció oficialmente las injusticias cometidas por la aplicación de esta ley y les ofreció «reparaciones» simbólicas.

No hay distinciones para la aplicación de esta ley

Tal como se ha evidenciado en la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero en anteriores oportunidades y como lo refiere un análisis del centro Brennan Center for Justice, para efectos de su ejecución, no existen diferencias entre migrantes ilegales y aquellos que tienen un estatus legal. No se evalúa la «lealtad» o «deslealtad» de los ciudadanos extranjeros o se comprueba si realmente son una amenaza para la seguridad. El requisito para entrar en esta ley es haber nacido o residido en el país en conflicto con la nación estadounidense.

«Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz», recalcan los especialistas de Brennan Center. Por esta razón, esta ley solo se aplicó en tres oportunidades.

De allí que, dada las implicaciones y alcance de esta Ley, para emplearla en caso de guerra el presidente requiere de la aprobación previa del Congreso. No obstante, si se trata de una «invasión o intrusión predatoria» puede ejecutarla desde su discreción y facultad. ¿Entonces la presencia de venezolanos es una invasión y está ocasionando el alza delictiva en EE. UU.?

La excusa del alto índice delictivo

«Estos son tiempos de guerra, porque (el expresidente demócrata) Joe Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, muchos de ellos en las más altas esferas, vaciaran las cárceles (…) en Estados Unidos. Eso es una invasión», expresó Trump al confirmar la deportación y traslado de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Ante esta afirmación del dignatario estadounidense surge la pregunta: ¿si el Gobierno venezolano le hubiese declarado la guerra a EE. UU.  hubiese accedido a gestionar el retorno de connacionales como en efecto se hizo en dos oportunidades? ¿Los venezolanos presentes en suelo estadounidense realmente son los responsables del supuesto aumento de los índices delictivos en esta nación? ¿Es veraz la información del aumento de la criminalidad en Estados Unidos?

En otro estudio reciente, la organización de investigación Brennan Center for Justicie destacó que pese a la narrativa de algunas figuras políticas y medios de comunicación sobre el aumento de la delincuencia por la presencia de indocumentados, las investigaciones «demuestran que la inmigración no está asociada a mayores niveles de delincuencia, sino todo lo contrario».

De acuerdo con el centro de estudios, contrario a lo mencionado por Trump, se ha determinado que «la inmigración está asociada a tasas de delincuencia más bajas y a una mejora en los factores estructurales —como la conexión social y las oportunidades económicas— que propician la seguridad en un vecindario».

Lo anterior solo comprueba que, lejos de establecer puentes para solventar la creciente oleada migratoria producida por la publicitada búsqueda del «sueño americano», se impulsa a la generalización de hechos de delitos individuales que son cometidos por inmigrantes indocumentados, a través de la indiscriminada difusión por medios de comunicación. Si no me cree revise medios digitales y cuentas de redes sociales en los que, en los últimos años, más que resaltar el lamentable hecho de una pérdida humana, el énfasis se da en venezolano que se la quitó, algunos de estos victimarios, vale decir, nacidos en EE. UU.

Pero hay más. El mencionado ente refiere que en un estudio en el que se evaluaron los datos de censos federales realizados en 150 años, específicamente desde 1870, se determinó que las tasas de encarcelación de inmigrantes son más bajas que las nativas de EE. UU, diferencia que ha crecido en los últimos años.

Así, se hace referencia que desde 2022, gobernadores de Arizona, Texas y Florida, trasladaron inmigrantes indocumentados a ciudades con políticas inmigratorias más flexibles como Nueva York, Chicago, Boston y Washington.

Un análisis periodístico de la NBC, citado por Benner Center, devela que «las tasas de delincuencia totales bajaron desde abril de 2022 y durante todo 2023 en la mayoría de las ciudades a las que Texas envió inmigrantes, aunque Washington fue una excepción importante».

Asimismo, Nueva York, ciudad santuario que recibió mayor cantidad de inmigrantes de estados vecinos, se mantiene como una de las ciudades grandes más seguras del país. Todo esto pese a las afirmaciones del presidente Trump y el coro de medios sensacionalistas. Algo extraño para una situación de guerra por migración como vende el primer mandatario de EE. UU ¿no le parece?

La tendencia a asociar inmigrantes con el peligro y la criminalidad no es una estrategia nueva. Pareciera que en la historia de la humanidad este aspecto fuese cíclico y cada vez que hace presencia, inmediatamente se le relaciona con el aumento de delitos y desorden público.

Es así como en su momento irlandeses, católicos, judíos, italianos, mexicanos, japoneses, chinos, alemanes, colombianos y ahora venezolanos son los responsables de los males de los países, una máscara para no atender las verdaderas causas de los delitos que se comenten.

Reflexionar sobre estos aspectos no solventará estas circunstancias que, por siglos, pareciera ser parte del bucle del racismo, xenofobia y hasta fascismo resistente en la humanidad. Sin embargo, contribuye a quitarle las máscaras a las acciones que lejos de buscar el bienestar de una población, incentiva la desvaloración de un grupo sobre otro siempre con el fin último de la dominación. El llamado es a no caer en la espiral y ver más allá de las acciones «urgentes».