Dayana Guzmán 
Una nueva decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dejó sin efecto la solicitud formulada por la administración del presidente Donald Trump, la cual buscaba mantener en pausa el fallo que cuestionaba la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para la comunidad venezolana.
Con esta resolución, dictada este viernes, se despeja el camino para que a partir del próximo 6 de noviembre ciudadanos venezolanos puedan recuperar las protecciones frente a deportaciones y sus permisos de trabajo, siempre y cuando no ocurra una nueva acción legal desde la Casa Blanca.
A pesar de que este dictamen representa un avance para los beneficiarios, el escenario legal aún se mantiene abierto. El máximo tribunal estadounidense podría volver a actuar si el Ejecutivo presenta una nueva apelación de emergencia para prorrogar la suspensión antes de la fecha límite.
La pugna legal cobró fuerza cuando un juzgado de primera instancia declaró ilegal el procedimiento mediante el cual el Departamento de Seguridad Nacional intentó retirar el TPS. Ante esa decisión favorable a los migrantes, la representación gubernamental acudió en apelación al Noveno Circuito.
Aunque en una instancia previa la Corte Suprema autorizó paralizar de forma cautelar los efectos de la protección judicial mientras duraba la revisión del caso, el tribunal de apelaciones volvió a pronunciarse tras recibir las directrices del alto tribunal, manteniendo vigentes sus dudas sobre cómo el Ejecutivo ejecutó la cancelación del programa.
El trasfondo de la disputa tiene su origen en la demanda National TPS Alliance contra Mullin. En dicho proceso, emitido el 5 de septiembre de 2025, la justicia de distrito determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobrepasó las atribuciones de su cargo al revocar una prórroga que ya había sido otorgada al beneficio de los venezolanos.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2025, una medida cautelar de la Corte Suprema dejó temporalmente en pausa esa protección, respaldando una decisión previa del juez federal Edward Chen, de San Francisco, quien había determinado que el retiro del TPS se tramitó de forma apresurada e infringiendo los límites de la ley.
Organizaciones defensoras del programa advirtieron que, durante el período en el que permaneció congelada la protección judicial, numerosos ciudadanos venezolanos enfrentaron detenciones, procesos de deportación, separaciones de sus núcleos familiares y traslados forzados a terceros países.
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