65 años de la tragedia de Sharpeville: del apartheid al racismo moderno en políticas antinmigrantes
Nancy Mastronardi 
Natchaieving Méndez
Paradójico. Justo una semana antes del 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, se cometió en Estados Unidos (EEUU) uno de los actos más xenofóbicos y discriminadores de los últimos años. La administración de Donald Trump, sin previa investigación o juicio que justificara sus acusaciones, envió a 238 venezolanos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, inculpados de ser integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.
Futbolistas, albañiles, músicos, barberos, todos jóvenes venezolanos que migraron a EEUU en búsqueda del publicitado “sueño americano”. Fueron arrestados, engañados con deportarlos a Venezuela y luego enviados a una cárcel de máxima seguridad, en la que deben compartir espacio con personas que han cometido crímenes terribles.
El único argumento de los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU para vincular a los acusados con el Tren de Aragua, fue ser venezolano y tener tatuajes, aspecto último que expertos han reiterado, no es una característica de la banda criminal nacida y extinta en Venezuela.
Es así como en 1960, por estos días el mundo estaba conmocionado por el asesinato de 69 que protestaban pacíficamente contra las leyes del apartheid en Sharpeville, Sudáfrica. Lamentablemente 65 años después, persisten las taras de la discriminación por la que los primeros entregaron su vida y además han mutado a otras formas, que son promovidas por acciones y discursos cargados de odios irracionales de funcionarios de altos cargos.
El mal que no se extingue
Aunque la prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los documentos internacionales relacionados con los derechos humanos, aun es un mal que aqueja a las sociedades del mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, en 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que en este país aun existe la discriminación y la estigmatización hacia las comunidades afrodescendientes, especialmente, en cuanto a la interacción con los organismos de seguridad. Este rechazo además se ha extendido hacia los migrantes latinoamericanos quienes, tal como el caso con el que comienza este artículo, han tenido que sortear abusos y exclusiones hasta en el uso de los servicios.
Tras su llegada a la presidencia, Donald Trump no solamente ha implementado una agenda antiinmigrante, también su discurso ha estado cargado de descalificaciones y señalamiento en contra de las personas migrantes, lo que ocasiona temor, rechazo y xenofobia en la población, así lo advirtió Amy Fischer, directora del Programa sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional EEUU.
“La forma que tiene el presidente Trump de sembrar el miedo convierte a las personas inmigrantes en chivos expiatorios de los defectos de nuestros dirigentes designados por elección. Quienes buscan seguridad y una vida mejor en Estados Unidos no son la causa de las crisis de las viviendas, el clima o los opioides ni del aumento de los precios de los alimentos; la causa son los políticos”, recalcó Fischer.
Defensores de los derechos humanos alertan que la reciente aplicación de la Ley de Enemigo Extranjero, puede desencadenar una ola de criminalización, discriminación y abusos y xenofobia, tal como ocurrió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que muchos japoneses, extranjeros y franceses fueron despedidos de sus puestos laborales, además de confiscárseles bienes y destinarlos en centros de aislamiento solo por ser nativos de países que habían sido declarados en guerra con EEUU.
En otra latitud del mundo, específicamente en España, un estudio del Ministerio de Igualdad detectó en 2024 un aumento de 61% de la discriminación por el color de piel o rasgos físicos. Así, 52% de los encuestados afirmó haber vivido en los últimos 12 meses una situación que podría calificarse como delito de odio. Los grupos más afectados han sido las personas afrodescendientes.
Discriminación de la diáspora venezolana
Para nadie es un secreto que muchos venezolanos dejar el país impulsados por la severa crisis ocasionada por las sanciones económicas impuestas en contra de Venezuela. Más de un millón de personas emigraron en búsqueda de una mejor calidad de vida y, en otros casos, siguieron una ola posicionada en las redes sociales, que dictaba que la solución era “huir” del país, aunque se tuviese casa propia, automóvil, empleo y las necesidades básicas cubiertas.
Desde Argentina hasta Canadá, cientos de venezolanos cruzaron las fronteras de manera legal e ilegal. En consecuencia, muchos nativos de los países receptores comenzaron a ver sus posibilidades laborales reducidas, además de la campaña xenofóbica también difundida por el mismo canal que incentivó la migración, las redes.
Perú, Ecuador y Chile han sido los países en los que más se ha reportado actos xenofóbicos y discriminatorios. Recientemente un venezolano que reside desde hace siete años en el último país mencionado, difundió un video en sus redes sociales en el que relataba cómo fue agredido por una señora chilena, quien los golpeó con un bastón de electroshock.
La mujer les profirió a los venezolanos insultos xenófobos y les acusaba de ser responsables de que ella no tuviese agua. Pese a ser los agraviados, los trabajadores fueron detenidos y al no encontrar pruebas en su contra y revisar el video que registraron los hechos, los liberaron, pero deben estar en régimen de presentación.
Pero eso no es todo. Tal como hizo Donald Trump durante su campaña electoral y promover su agenda antiinmigrante, una candidata a la presidencia de Ecuador prometió deportar a los venezolanos que “no tienen un ingreso regular”, “les quitan el empleo y siembran violencia en su país”.
Es cierto, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Así como muchos venezolanos llegaron a otros países y por su preparación y disposición para el trabajo se convirtieron en una “amenaza” laboral de los nativos, también salieron de Venezuela otros con vicios y malas conductas a replicar sus acciones en otros territorios. De allí que algunos se autodenominen formar parte del Tren de Aragua para ganar cierta “prestancia” a fin de continuar sus actividades ilícitas.
Pese a la constante retórica antinmigrante del presidente Trump en el que emplea al Tren de Aragua, la presencia de esta banda criminal en tierra estadounidense y otros países no está clara. En Colombia, en días pasados detuvieron a un venezolano que fue señalado por un funcionario de alto rango con ser de la mencionada banda delictiva. Esta información fue desmentida por los organismos de seguridad que tiene un registro de los delincuentes que están en el extranjero y pertenecen a esta organización delincuencial, extinguida en Venezuela
No existe una marca (aunque se ha pretendido vincular a los miembros con los tatuajes) o un patrón que certifique que los delincuentes pertenecieron al Tren de Aragua. Asimismo, los delitos cometidos por venezolanos en otro país, son mínimos en relación a quienes han emigrado.
En fin, toda esta estigmatización no solamente ocurre con los venezolanos. Personas diversas por su cultura, nacionalidad, color de piel, preferencia sexual caen envueltos en una espiral de discriminación posicionada por quienes motorizan el ecosistema digital, los medios de información y promueven políticas de Estado.
La xenofobia y la discriminación, indistintamente de su forma, no solo perpetúan las injusticias históricas, también siembran divisiones en una sociedad que debería apostar por la unión, la diversidad y la solidaridad.
Cada acto de exclusión obstaculiza el progreso colectivo, de allí que reconocer y combatir estos males que enferman a los colectivos, es un compromiso ineludible para construir un mundo más equitativo y solidario, que sea “más humano para la humanidad”, tal como lo expresó el cantor venezolano Alí Primera.
