
La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, rememoró este viernes la importancia estratégica de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, instrumento que protege este territorio.
A través de su cuenta en la red social Telegram, la titular subrayó que esta normativa jurídica surgió tras la histórica convocatoria del pueblo venezolano el 3 de diciembre del año 2023.
Jiménez recordó que millones de ciudadanos reafirmaron que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela, consolidando un instrumento legal que reafirma el Acuerdo de Ginebra del año 1966 y rechaza el Laudo Arbitral del año 1899.
Durante el acto protocolar en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, el Presidente Nicolás Maduro procedió a la firma de este instrumento jurídico que recibió el carácter orgánico por el Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido el jefe de Estado aseguró que la decisión del referendo será cumplida en todas sus partes en los escenarios internacionales, honrando el mandato de más de diez millones de electores para la recuperación de los derechos históricos.
El proceso de elaboración de la normativa incluyó un debate público donde la Asamblea Nacional consultó a la academia y expertos para unir la soberanía popular con el conocimiento científico.
Las autoridades rememoraron el encuentro sostenido en San Vicente y las Granadinas con el mandatario de Guyana, Irfaan Alí, donde se presentaron documentos que avalan la posición venezolana sobre el carácter írrito del laudo de París.
La ley, sancionada de manera definitiva el 21 de marzo del año 2024, constituye el principio legal para la defensa de la integridad territorial frente a cualquier pretensión extranjera.
Es por ello que en marzo de 2026 el Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo ante el anuncio de la República Cooperativa de Guyana sobre el inicio de una campaña de exploración sísmica tridimensional en áreas marítimas pendientes de delimitación.
A través de un comunicado oficial, el ministro de Relaciones Exteriores Yván Gil Pinto denunció que estas actividades pretenden ejecutarse de forma unilateral en espacios que Georgetown intenta presentar como su zona económica exclusiva.
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