
Venezuela reafirmó su posición histórica de rechazo al laudo arbitral de 1899 y reiteró el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como instancia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, así como de cualquier decisión relacionada que emane de dicho órgano.
Mediante el pronunciamiento suscrito por la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, el Estado ratificó su exhorto a la República Cooperativa de Guyana para que respete las obligaciones ineludibles contenidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que establece la resolución de la controversia a través de negociaciones satisfactorias para ambas partes.
En el mensaje también se advierte que ningún país puede pretender eludir sus compromisos internacionales amparándose en terceros o en órganos externos que resulten incompatibles con sus obligaciones preexistentes.
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