
Durante la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jefe de la delegación de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), Hector Constant Rosales, denunció que desde 2014, el país ha sido objeto de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática. Esta estrategia, según Rosales, busca provocar un cambio violento de gobierno, poniendo en riesgo el bienestar del pueblo venezolano.
El diplomático hizo referencia a las recientes acciones violentas que han seguido a las elecciones presidenciales del 28 de julio, señalando que estas intentos han tratado de crear una falsa narrativa sobre supuestas violaciones de derechos humanos como política de Estado. «Se desestiman las voces de las víctimas y las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía venezolana», afirmó Rosales con firmeza.
Además, el representante venezolano recordó que el país ha sufrido más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas ilegalmente por Estados Unidos y otros gobiernos, lo que ha tenido un impacto devastador en la economía y en los derechos humanos de los ciudadanos.
Rosales reafirmó el compromiso de Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y Justicia, defendiendo valores fundamentales como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Destacó que todos los Poderes del Estado trabajan en conjunto para proteger y promover los derechos humanos.
En su intervención, también anunció que ha remitido a la Fiscalía el caso Venezuela II, con el fin de establecer responsabilidades sobre los crímenes asociados a las sanciones ilegales. «Esperamos que se rechacen estas medidas coercitivas y que se avance rápidamente en el examen preliminar para iniciar investigaciones», subrayó.
Finalmente, Constant Rosales enfatizó el compromiso inquebrantable de Venezuela con la CPI, actuando siempre en el marco de la complementariedad y respetando su derecho irrenunciable a la soberanía nacional. Su intervención resuena como un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la realidad venezolana y se actúe en consecuencia.

