Un fraude millonario sobre pensiones golpea al Gobierno de Lula y a su hermano mayor

Hace unos días la policía Federal brasileña desarticuló la operación Sin Descuento, en la que estaban implicados el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y once sindicatos. Al menos 6 millones de los 40 millones de beneficiarios del INSS fueron las víctimas.

Según las investigaciones, entre 2019 y 2024 se malversaron 6.505,8 millones de reales (1.143,4 millones de dólares)mediante un sistema de deducciones mensuales no autorizadas directamente de sus pensiones, reseñó Globovisión.

Muchas de las víctimas no sabían que pertenecían a esas instituciones y en ningún momento firmaron una autorización. Las deducciones, a menudo disfrazadas de cuotas de afiliación, alcanzaban hasta 81,57 reales (14,33 dólares) al mes por persona. Una auditoría de la Unidad de Contabilidad General (CGU) concluida en septiembre de 2024 , pero publicada la semana pasada, descubrió que el 98 % de los 1.273 pensionistas encuestados nunca habían autorizado estos descuentos, y que el 96 % no estaban afiliados a ningún sindicato o asociación.

La investigación condujo a la destitución del presidente del INSS, Alessandro Stefanutto , y de otros cinco directivos. La Policía Federal ejecutó 29 órdenes de registro y se incautó de bienes por valor de unos 1.000 millones de reales (176 millones de dólares), entre ellos había dinero en efectivo, automóviles, joyas y obras de arte.

Se emitieron seis órdenes de detención, de las que tres personas ya están detenidas y tres siguen prófugas de la justicia.

De acuerdo con documentos de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNPS), el ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, del Partido Democrático Laborista (PDT), había sido alertado de las irregularidades en junio de 2023, pero sólo después de 10 meses, en una reunión celebrada el 24 de abril, un día después que deflagró la operación policial, puso el tema en el orden del día.

Al diario O Globo, la abogada Tônia Galleti, exmiembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNPS), declaró que advirtió personalmente a Lupi sobre el problema de las deducciones indebidas en las pensiones poco después de su toma de posesión en el ministerio, en enero de 2023.

Durante el encuentro, el ministro prometió en ese momento investigar lo que estaba ocurriendo, pero, según Galleti, no se hizo nada. Lupi admitió haber sido informado de las denuncias, pero declaró al periódico brasileño que era necesario contar con “hechos concretos sobre los cuales investigar”.

El diputado Evair de Melo del Partido Progresistas (PP) presentó una solicitud para que Lupi comparezca también ante la Comisión de Supervisión y Control Financiero. En su pedido, Melo también recordó escándalos pasados ​​vinculados al nombre de Lupi. En 2011, cuando era ministro de Trabajo en el Gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, el político fue acusado de haber acumulado dos cargos de asistente parlamentario en organismos públicos distintos entre 2000 y 2005.

En aquel momento, la Comisión de Ética Pública recomendó a Dilma que despidiera a Lupi, pero él dimitió antes. Para el líder opositor Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro , la destitución de Lupi es “urgente”. La Asociación Brasileña de Defensa de los Derechos de los Jubilados y Funcionarios (Abradeb) también ha intervenido contra el INSS, acusándolo de complicidad en el fraude.

Según la Abradeb, el INSS siguió firmando convenios con asociaciones sospechosas de fraude incluso después de que se denunciaran las irregularidades, lo que permitió la continuación de las deducciones indebidas, mencionó Infobae.

El principal problema para las víctimas es ahora cómo recuperar el dinero. El interventor de la CGU, Vinícius de Carvalho, declaró que el Gobierno se comprometerá a indemnizar a todos los pensionistas defraudados, pero sin especificar cómo ni cuándo se efectuará el reembolso, que deberá hacerse con los bienes ya incautados en las investigaciones, que ascenderán a unos 2.000 millones de reales (351,5 millones de dólares). «A los jubilados a los que se les hicieron retiradas ilegales les garantizaremos el reembolso, pero por el momento no es posible dar un número ni fijar un plazo. Estamos organizando este plan y, en las próximas semanas, lo presentaremos», dijo Carvalho.

Entre las organizaciones investigadas está el Sindicato Nacional de Jubilados y Ancianos (Sindnapi), cuyo vicepresidente es José Ferreira da Silva, más conocido como Frei Chico, un hermano del presidente Lula.

Tanto el Sindnapi como la Contag (Confederación Nacional de Trabajadores Rurales) han negado cualquier irregularidad, afirmando que apoyan la investigación. “Espero que la Policía Federal investigue realmente toda esta inmundicia”, dijo el hermano de Lula, añadiendo que “en lo que se refiere a nuestro sindicato, estoy seguro de que no tenemos nada que ocultar”.

También intervino en el caso, y no sin críticas, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. En una entrevista afirmó que en relación al hermano de Lula “no hay ninguna medida o investigación en curso”.

«Varias entidades y asociaciones han sido objeto de registros e incautaciones y también se han tomado medidas contra sus dirigentes. Este sindicato, Sindnapi, no ha sido objeto de registros y confiscaciones. Tampoco sus dirigentes han sido objeto de ninguna medida», añadió.

T/Infobae-Globovisión