El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a las autoridades mexicanas este miércoles, al afirmar que Washington intervendrá directamente si México no hace su trabajo en el combate contra el narcotráfico.

Durante un acto en la Casa Blanca por las conmemoraciones del Día de la Madre, el mandatario republicano reafirmó su intención de desplegar fuerzas en territorio extranjero.

Si no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, afirmó Trump. Al mismo tiempo, destacó la efectividad de los operativos militares, señalando que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97% bajo su gestión, una de sus afirmaciones hiperbólicas que ha sido desmentida por prensa, servicios de verificación datos y otras fuentes.

Trump: cifras cuestionadas
Especialistas y organismos técnicos desmienten los datos de Trump sobre el tráfico de drogas. Sanho Tree, director del Proyecto de Política de Drogas en el Instituto de Estudios de Política, en Washington, calificó la cifra del 97% como ridícula o inventada, señalando que la Administración recurre a datos engañosos para confundir a la opinión pública.

Incluso, datos del Pentágono contradicen la versión de la Casa Blanca. Joseph Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para Asuntos de Seguridad de las Américas, informó al Congreso que la reducción real de movimientos de buques de droga es del 20% en el Caribe y del 25% en el Pacífico oriental, cifras significativamente menores a las publicitadas por Trump.

La postura de Washington profundiza la crisis bilateral con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El Ejecutivo mexicano ha rechazado tajantemente cualquier posibilidad de intervención armada en su territorio, apelando al principio de soberanía nacional.

Esta fricción ocurre luego de que en abril se detectara un operativo antidrogas en Chihuahua con participación de agentes de la CIA, realizado sin el conocimiento del Gobierno federal de México.

Desde su regreso al poder, Trump ha catalogado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, priorizando el combate al fentanilo como eje central de su agenda de seguridad.

El escenario se torna más complejo tras las acusaciones de un tribunal federal de EEUU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El funcionario, perteneciente al partido oficialista Morena, es señalado junto a otros nueve servidores públicos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.

Ante la solicitud de extradición, el Gobierno de México ha respondido que Washington no ha presentado elementos de prueba contundentes que demuestren la culpabilidad de los acusados.

T| La Jornada