Este viernes las calles de España, Francia, Alemania, Italia y Grecia son testigos de una ola de huelgas estudiantiles en las que participan miles de jóvenes que están en contra de los recortes presupuestarios en la enseñanza pública, el avance de las privatizaciones y las políticas de austeridad aplicadas por los Gobiernos comunitarios.

En Madrid, columnas de estudiantes marcharon desde la Puerta del Sol hasta la sede de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para confluir con la concentración de los docentes de la educación pública madrileña, quienes cumplen un mes de huelga indefinida.

​El colectivo educativo reclama al departamento que encabeza la consejera Mercedes Zarzalejo la apertura de una mesa de negociación para atender demandas estructurales: mayor dotación presupuestaria para la escuela pública, reducción de las ratios de alumnos por aula, disminución de la carga burocrática, incremento de recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales y una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada en la última década.

Sin embargo, la protesta estuvo marcada por las denuncias de estudiantes y profesores contra las cargas policiales registradas durante el último mes de movilizaciones y por el enfrentamiento político con el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

​Ante la negativa del Ejecutivo regional a reunirse con los representantes del sector y las descalificaciones emitidas por la presidenta madrileña, quien calificó a los manifestantes de “garrapatas” tras haber tildado previamente a las organizaciones gremiales de “basura sindicalista”, los docentes advirtieron que llevarán a la dirigente ante los tribunales, mientras el Gobierno regional respondió anunciando denuncias por presunto acoso.

​En declaraciones para la multiplataforma informativa teleSUR, el analista internacional Raúl Llarull, consideró que las movilizaciones estudiantiles forman parte de una crisis socioeconómica más amplia en el continente, impulsada por el traslado de recursos desde los servicios públicos hacia el gasto militar y por el impacto de la inflación y las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Según explicó el especialista, tras el compromiso fijado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en junio de 2025 para elevar el gasto en defensa hacia el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), situándose ya en torno al cuatro por ciento en varios Estados miembros, y la aprobación de partidas por 70.000 millones de euros anuales en asistencia militar a Ucrania para 2026 y 2027, los presupuestos de austeridad recaen directamente sobre las políticas sociales. 

T/Telesur