En una jornada legislativa marcada por intensas negociaciones y un fuerte rechazo opositor y social, el Senado de Argentina dio luz verde al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin embargo, la iniciativa llegó al recinto sustancialmente recortada: el Ejecutivo conducido por Javier Milei debió retirar los capítulos clave que buscaban derogar o modificar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) y la Ley de Manejo del Fuego.

Los puntos clave del freno oficialista fueron la falta de votos y la negativa firme de bloques dialoguistas, gobernadores provinciales e intendentes, el oficialismo cedió en su pretensión de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La propuesta original del Ejecutivo buscaba eliminar el tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de privados extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Ante el rechazo, intentaron llevar ese límite al 25%, pero la propuesta tampoco prosperó.

Durante el debate en el recinto, tampoco se lograron los apoyos para modificar la Ley de Manejo del Fuego, por lo que el oficialismo optó por dar de baja dicho capítulo para evitar el rechazo total del paquete.

La ley enviada a la Cámara de Diputados quedó reducida a menos de un tercio de su texto original, concentrándose principalmente en normativas vinculadas a procedimientos de desalojo exprés.

El intento de desregular la compra de suelo argentino por parte de capitales internacionales ha sido un objetivo del oficialismo desde el inicio de la gestión.

En 2023 el Gobierno intentó derogar la Ley 26.737 mediante el mega DNU a fines de 2023. Sin embargo, amparos judiciales de organizaciones civiles y excombatientes de Malvinas (CECIM La Plata) derivaron en medidas cautelares y fallos de inconstitucionalidad sobre ese apartado.

T/Telesur