Revelan que EEUU pagó $4.7 millones a El Salvador por recibir a venezolanos en el Cecot

La organización estadounidense Democracy Forward logró hacer públicos los detalles del acuerdo entre ambos países, con el cual se facilitó el uso del Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) para recibir hasta 300 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos (EEUU).

Según lo investigado el Salvador recibió un pago de $4.6 millones por el uso de las instalacionescomo prisión para más de 200 venezolanos deportados desde el país norteamericano, a quienes la administración de Donald Trump acusó de integrar la organización criminal Tren de Aragua.

La cifra consta en un documento oficial del Gobierno estadounidense que fue hecho público este martes por la organización Democracy Forward, como parte del litigio de una demanda en contra del acuerdo interpuesta junto a la organización Robert. F. Kennedy Human Rights.

Hasta ahora los detalles del acuerdo permanecían en secreto. Sin embargo, ambas organizaciones lograron la liberación y publicación del documento, “después de presentar una moción desafiando la afirmación general del gobierno federal de que debería permanecer fuera de la vista pública”, explicó Democracy Forward en un comunicado de prensa.

“La divulgación pública de este documento y sus términos representa una victoria significativa en la demanda en curso. La administración Trump-Vance intentó invocar amplias protecciones contra la difusión de la información, pero finalmente se retractó después de que las partes hubieran informado detalladamente sobre la moción de los demandantes para que el tribunal obligara a la publicación de la información”, agrega el comunicado.

Más detalles

El documento de cinco páginas está fechado el 22 de marzo de 2025, una semana después de que el Gobierno estadounidense deportó a 238 migrantes venezolanos al país, señalándolos de pertenecer al Tren de Aragua. En el documento, el Departamento de Estado informa a la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, que Estados Unidos concederá una suma de $4,760,000 millones a El Salvador como pago por la ejecución del acuerdo entre los dos países.

Según el documento, dichos fondos deben usarse exclusivamente para financiar “las necesidades de seguridad y lucha contra la delincuencia de El Salvador, lo cual podría incluir los costos asociados con la detención de miembros de la Organización Terrorista Extranjera Tren de Aragua (TdA), a quienes El Salvador aceptó”.

Como parte de los términos del acuerdo, el Gobierno salvadoreño también se comprometió a informar al Departamento de Estado, con al menos 30 días de anticipación, el nombre de las unidades de las fuerzas de seguridad a las que se apoyará con una transferencia de los fondos.

Asimismo, seis meses después del final del año calendario (junio de 2026) el Gobierno de El Salvador está obligado a presentar a los Estados Unidos un informe completo del uso que hizo de los fondos.

En la correspondencia, Estados Unidos indica que el acuerdo no puede ser considerado un tratado internacional, y que sus derechos y obligaciones tampoco derivan de las reglas establecidas por el derecho internacional.

Lo anterior es uno de los grandes cuestionamientos que se han realizado al acuerdo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que en ambos países, los tratados internacionales deben ser avalados por sus respectivos poderes legislativos.

El 14 de marzo, el Gobierno de El Salvador aceptó recibir a hasta 300 supuestos miembros del Tren de Aragua. El 15 de marzo, invocando las facultades otorgadas por una ley de 1798 y a pesar de existir un fallo judicial contra la medida, el Gobierno de Trump envió a El Salvador 238 venezolanos y un grupo de salvadoreños. Entre estos se incluyó a un líder pandillero que enfrentaba un proceso judicial en Estados Unidos y cuyos cargos fueron desestimados por la administración Trump.