Dayana Guzmán 
La Fiscalía de París designó a dos magistrados especiales para investigar las ramificaciones del caso Jeffrey Epstein en Francia. Esta decisión busca desentrañar una red de delitos que abarcan desde agresiones sexuales hasta irregularidades financieras que involucran a ciudadanos de alto perfil en la nación gala.
La medida responde a la necesidad de esclarecer cómo operó esta estructura de impunidad en suelo europeo, protegida durante años por círculos de poder económico. Uno de los puntos centrales es el reanálisis del expediente de Jean-Luc Brunel, el reclutador de modelos que servía de enlace para el magnate estadounidense.
Brunel, fallecido bajo custodia en 2022, es clave para entender cómo se captaba a menores bajo la fachada de agencias de moda a ambos lados del Atlántico. La Justicia francesa intenta determinar ahora si existen cómplices activos que permitieron que este sistema de trata funcionara sin obstáculos en la capital francesa.
La investigación también pone el foco en figuras de la política y la diplomacia, como el exministro Jack Lang y el diplomático Fabrice Aidan. En el caso de Lang, se indagan sociedades «offshore» presuntamente facilitadas por sus vínculos con el financiero.
Por su parte, Aidan es señalado en documentos desclasificados por supuesta pederastia, evidenciando cómo las redes de influencia servían para encubrir crímenes bajo un manto de inmunidad institucional. Asimismo, las autoridades examinan el rol de personajes como el director de orquesta Frédéric Chaslin, mencionado en correos por ofrecer «catálogos» de jóvenes al magnate.
La denuncia reciente de la exmodelo Ebba Karlsson reactivó las alarmas sobre la vigencia de estos delitos en el ámbito cultural y social. Estas revelaciones exponen la cara más oscura de una élite que participaba activamente en el intercambio de favores a costa de la integridad humana.
El lujoso apartamento de Epstein en la avenida Foch de París será nuevamente objeto de pericias, al ser considerado un centro de operaciones clave. La Fiscalía Nacional Financiera y la Policía Judicial coordinan esfuerzos para cruzar los datos publicados en EEUU con la evidencia local. Este proceso pretende que los delitos financieros que sustentaban la red de explotación no queden protegidos por el secreto bancario o el olvido.
Esta acción judicial representa un desafío a la estructura de silencio que suele rodear a los crímenes de la alta burguesía internacional. La reapertura de los archivos es fundamental para garantizar justicia a las víctimas y desmantelar los remanentes de una organización que operó con total desprecio por la dignidad. Este avance busca romper con la impunidad histórica de quienes usan su riqueza para violentar a los sectores más vulnerables.
T/Agencias
