¿Qué busca el Gobierno argentino con el exámen a empleados públicos?
Yomar Melendez El Gobierno argentino anunció que 40.000 trabajadores deberán aprobar la evaluación para renovar sus contratos. Desde que asumió, el Ejecutivo despidió a más de 37.000 empleados estatales; además, desde su llegada al poder los salarios públicos cayeron un 16%. «Es una excusa para seguir destruyendo el Estado», dijo a Sputnik un experto.
La «motosierra» implementada por Javier Milei no frena. El presidente, que juró «destruir el Estado desde adentro», puso en práctica una de sus promesas de campaña: que los empleados públicos rindan un examen de idoneidad para continuar en sus puestos.
La medida afectará a unos 40.000 trabajadores cuyos contratos temporarios finalizan en 2024. Para lograr la renovación, deberán pasar una evaluación diseñada por el Ejecutivo, que pondrá a revisión la planta de personal de toda la administración pública nacional para determinar si avanzará en nuevos despidos. El Gobierno precisó que si bien la aprobación es obligatoria, no garantiza la recontratación, supeditada a la decisión del responsable de cada área.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que cada empleado tendrá tres oportunidades para aprobar el examen, cuya complejidad variará según el tipo de trabajo en cuestión (profesional o administrativo), con el objetivo de nivelar las capacidades de la plantilla pública.
El anuncio se inscribe en medio de un drástico ajuste ejecutado sobre el empleo público. Desde la llegada al poder de Milei, en diciembre de 2023, 37.600 trabajadores estatales fueron despedidos. Esto representó un recorte del 11% en la dotación de personal de la administración pública nacional, según consignó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante el primer año de gestión libertaria, el empleo público cayó sistemáticamente todos los meses.
Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza se cerraron 13 ministerios, se paralizó casi toda la obra pública y se recortó el presupuesto para universidades públicas, ciencia y jubilaciones. Las áreas más afectadas fueron infraestructura (-74%), educación (-52%), trabajo (-65%) y desarrollo social (-60%). Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, el gasto público se derrumbó un 30% en términos reales.
La batalla cultural
«Esto es innecesario: todos los trabajadores son evaluados anualmente por sus jefes con base en capacidad y desempeño, tal como prevé la ley del empleo público. Los exámenes que anunció el Gobierno son más una puesta en escena que una medida útil», dijo a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma).
Según el investigador, no responde a una necesidad concreta de evaluación de los trabajadores estatales como a la «batalla cultural a la que se ha comprometido el presidente, quien hizo público su profundo desprecio hacia los trabajadores estatales».
«Creer que la capacidad de los empleados para un examen de matemática no tiene sentido. Esto busca legitimar un mayor recorte de la planta de trabajadores: no es más que un intento de estigmatización. Es básicamente una pantomima para seguir destruyendo al Estado, tal como reconoció el propio Milei», afirmó Campos.
«El objetivo que el presidente hizo público es destruir al Estado: no importa si los trabajadores desarrollan tecnología nuclear, si están trabajando en una vacuna, en mantener una ruta o en planificar una currícula escolar, porque todos forman parte del enemigo a combatir», remarcó. T/Sputnik
