Organizaciones sociales de Panamá realizaron una movilización en defensa de la democracia y en contra de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), y también del acuerdo suscrito entre el Gobierno de ese país y Estados Unidos (EEUU) que propicia establecer bases militares en el territorio.

La marcha, que plantea la defensa de la democracia y la soberanía, salió desde el parque Urracá, con destino a la Presidencia de la República, para mostrar también el rechazo a la construcción del embalse en Río Indio y al regreso del proyecto minero.

Igualmente, se solidarizan con los dirigentes gremiales que enfrentan procesos judiciales, como Genaro López y Jaime Caballero, integrantes del sindicato de la construcción privados de libertad, así como con el líder de Suntracs, Saúl Méndez, refugiado en la Embajada de Bolivia, bajo protección temporal por amenazas a su integridad física.

El Gobierno de José Raúl Mulino, por su parte, ha respondido con represión, en su intento de quebrar la huelga y diluir el rechazo a la Ley 462 de la Caja del Seguro Social.

De esta manera, denuncian que el Gobierno de Mulino puso en Panamá un «Estado policiaco», que quebranta las garantías democráticas y reprime con violencia las protestas sociales.

Desde 2023 los panameños han reclamado la no reapertura de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica, en un contexto en el que tiene lugar la Semana Mundial del Clima, lo cual indica una contradicción en la política de Mulino.

Su Gobierno recientemente anunció que llevan a cabo la exploración de gas y petróleo en el Caribe panameño, con la asesoría técnica de la empresa colombiana Ecopetrol.

T/VTV