
La Procuraduría General de Colombia inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de irregularidades en un proceso de licitación para la expedición de pasaportes, con un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares.
Leyva, quien fue suspendido en enero para enfrentar un juicio disciplinario, anunció su intención de apelar la decisión.
La Procuraduría determinó que Leyva «desconoció los principios de la contratación estatal» al declarar desierta la licitación pública, lo que generó un riesgo en la prestación del servicio.
A pesar de las críticas y la defensa del exfuncionario, que argumentó que su decisión buscaba proteger los recursos públicos, el fallo fue contundente.
La sanción puede ser apelada ante la procuradora general, Margarita Cabello.

