Presidente Noboa ejecuta reducción de Gobierno y ordena fusión de ministerios
Dayana Guzmán 
El Ejecutivo ecuatoriano oficializó una drástica reestructuración de su aparato estatal, reduciendo el número de carteras ministeriales de 14 a 10 mediante los decretos ejecutivos 425, 426 y 427.
Esta medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, se alinea con la agenda de los sectores de la ultraderecha internacional, que promueve sistemáticamente la reducción del tamaño del Estado para desmantelar su función social y priorizar la libre actuación del capital privado sobre el bienestar colectivo.
Bajo el argumento de la eficiencia administrativa, el Gobierno profundiza el proceso de ajuste institucional iniciado en 2025. Sin embargo, analistas advierten que esta compactación de la Función Ejecutiva responde a un modelo que busca limitar la capacidad reguladora del Estado y facilitar la transferencia de competencias públicas hacia el sector privado, bajo un esquema de gestión empresarial que relega a un segundo plano las obligaciones fundamentales del Estado hacia la ciudadanía.
Nuevas estructuras
La nueva estructura destaca por la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad que absorbe las competencias de Economía y Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Al fusionar la rectoría fiscal con las áreas productivas, el Gobierno centraliza las decisiones económicas bajo una visión técnica que subordina las necesidades del agro y el sector social a los intereses de la inversión privada y la apertura comercial externa.
De igual forma, la creación del Ministerio de Infraestructura y Tecnología, que agrupa Obras Públicas y Telecomunicaciones, y la conformación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que integra carteras de protección social con gestión laboral, evidencian una estrategia de fusión que, según sectores críticos, debilita la especificidad de las políticas públicas.
Al concentrar las políticas de empleo y protección social en una sola institución, el Ejecutivo podría debilitar el alcance de los programas de atención a grupos prioritarios, convirtiéndolos en herramientas gestionadas bajo una lógica de austeridad fiscal impuesta por organismos internacionales. Con esta medida, el país se ajusta a un modelo de gobernanza que prioriza el equilibrio macroeconómico sobre la justicia social.
T/Agencias
