El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó la más reciente batería de medidas coercitivas unilaterales dictadas desde Washington contra funcionarios y entidades de la isla. A través de sus canales oficiales el mandatario afirmó que la lista de «sancionados» será «interminable» pero no logrará doblegar la soberanía nacional.

Díaz-Canel remarcó la respuesta popular y gubernamental ante el cerco financiero como «la gran odisea de la resistencia cubana», sostenida sobre los pilares del patriotismo, la capacidad técnica interna y la solidaridad de los pueblos. Esta declaración se da en un momento en que el Gobierno cubano presentó denuncias formales ante la comunidad internacional por la intensificación del bloqueo comercial y energético, el cual es calificado por La Habana como un «genocidio silencioso».

La administración estadounidense incrementó la persecución e intimidación sobre navieras internacionales y empresas de transporte, provocando la retención de más 7.000 contenedores con bienes indispensables en su mayoría alimentos, medicamentos, insumos quirúrgicos y repuestos para el sistema hídrico y eléctrico en diversos puertos de la región.

Este freno, además de la tensa situación energética derivada de la orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano Donald Trump para imponer aranceles adicionales a países que suministren combustible a la isla, genera una acumulación crítica de intervenciones quirúrgicas diferidas y un agudo desabastecimiento de medicamentos de primera línea, afectando de manera directa el funcionamiento de la red hospitalaria pública, la cual sufre de constantes afectaciones por la inestabilidad del servicio eléctrico.

Además, el esquema de sanciones de 2026 actúa como un bloqueo energético de facto, obstaculizando las importaciones de crudo requeridas para la generación eléctrica nacional y la distribución de agua potable.

Frente a la escalada de las agresiones y la retórica punitiva de Washington, el gobierno y pueblos cubanos reafirma, su modelo de autodeterminación y la articulación con redes globales de apoyo. El canciller Bruno Rodríguez y la alta dirección política sostienen que el estrangulamiento de los suministros básicos constituye un castigo colectivo contra el pueblo cubano, diseñado para forzar concesiones políticas ilegítimas mediante el uso de la coerción, la necesidad y el hambre.

La nación apela al respaldo del movimiento de solidaridad global y de bloques multilaterales como los Brics, promoviendo la recolección y envío de ayuda humanitaria directa para sortear las trabas financieras impuestas al comercio exterior de la isla.

T/Telesur