Noboa extiende estado de excepción sin resultados contra la violencia
Narkys Blanco 
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país, alegando “grave conmoción interna” ante el incremento de la violencia y la actuación de grupos criminales.
La medida, establecida mediante el decreto ejecutivo 202, tendrá una duración de 60 días y suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. El decreto rige sobre las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
El texto gubernamental argumenta que estas zonas presentan “altos índices de criminalidad” y que sirven como “centros de logística y resguardo” para las organizaciones armadas, vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.
Con esta nueva disposición, Ecuador acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde la llegada de Noboa al poder. En enero de 2024, el mandatario ya había declarado la existencia de un “conflicto armado interno” para facultar la intervención militar contra bandas calificadas como “terroristas”, aunque la Corte Constitucional cuestionó la medida por falta de sustento jurídico y pruebas que justificaran la existencia de una guerra interna.
Pese al despliegue militar y al endurecimiento de las medidas de seguridad, la violencia no ha disminuido: el país registra más de 7.400 muertes intencionales entre enero y octubre de 2025, lo que equivale a un asesinato por hora, según datos oficiales. De continuar la tendencia, 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia moderna ecuatoriana.
Desde 2024, Noboa ha apostado por una política de mano dura y control territorial militarizado, respaldada por Washington en el marco de la cooperación antidrogas. Diversos analistas señalan que esta estrategia ha profundizado la crisis de derechos humanos y debilitado la autoridad civil sobre las fuerzas armadas.
En los territorios afectados, la medida autoriza allanamientos sin orden judicial, requisas y la toma física de materiales o propiedades, lo que ha generado preocupación por posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
El Gobierno sostiene que la violencia se debe al “efecto rebote” de los golpes recientes contra cabecillas de bandas criminales. Sin embargo, expertos en seguridad destacan que el modelo punitivo no ha contenido la espiral delictiva ni ha restablecido la confianza ciudadana.
Mientras tanto, las comunidades costeras continúan viviendo bajo toques de queda informales, patrullajes militares y control social, en un escenario donde la seguridad se confunde con el miedo.
T/Telesur
