Organizaciones populares, sindicales y ambientalistas de Panamá ratificaron este martes 17 de noviembre su rechazo a la eventual reapertura del proyecto Cobre Panamá, luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara negociaciones formales con Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum, para explorar un acuerdo sobre el futuro de la explotación.

La mina lleva tres años paralizada y el anuncio reabrió el debate en el país, la alianza Pueblo Unido por la Vida reafirmó su oposición irrestricta y exigió respeto al mandato popular conquistado en las multitudinarias movilizaciones de 2023 y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

La extracción metálica a cielo abierto, advirtió la organización, no puede regresar al distrito de Donoso, en la provincia de Colón, donde se asienta el yacimiento. El colectivo cuestionó la fórmula oficial de «abrir para cerrar», con la que el Ejecutivo presenta una eventual reactivación. «Ni el agua, ni los ecosistemas, ni los territorios, ni la soberanía del país son mercancías negociables», subrayó la declaración.

Junto al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), la alianza convocó a una concentración ciudadana para las cuatro de la tarde, hora local, de este martes 17 de noviembre frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Ciudad de Panamá.

La indignación popular responde al mensaje en cadena nacional emitido la noche del lunes por el mandatario. Mulino designó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al frente de un equipo interministerial para negociar con la compañía extranjera.

La administración asegura que procesar el cobre por cuenta propia excede su capacidad técnica y justifica así el diálogo con la empresa. El Ejecutivo expuso cinco criterios para el acuerdo, sin ser formalmente una nueva concesión, la propuesta contempla un cierre definitivo financiado por la empresa y sin opción a prórroga.

First Quantum se sumó al acercamiento y reclamó «estabilidad a largo plazo» para cualquier entendimiento. La canadiense controla el yacimiento a través de su filial Minera Panamá, la misma firma que mantiene arbitrajes internacionales contra el país.

Las organizaciones advierten que ese acercamiento busca anular, en la práctica, un triunfo histórico del pueblo panameño frente al extractivismo depredador. La reapertura, sostienen, desconoce la sentencia judicial y el mandato popular.

El proyecto Cobre Panamá lleva tres años sin operar. En 2023, las movilizaciones masivas marcaron el camino que la Corte Suprema de Justicia selló con su fallo de inconstitucionalidad. Para los movimientos, esa decisión es innegociable. La concentración busca exhibir el respaldo ciudadano a esa decisión antes de que avance la mesa de negociación abierta por el Ejecutivo.

El equipo interministerial, encabezado por Moltó, queda a cargo de las conversaciones con la empresa. La consulta comunitaria enmarcada en el Acuerdo de Escazú figura entre los compromisos que el Gobierno deberá concretar si el diálogo avanza y que hasta la fecha se ha empeñado en desconocer.

T| TELESUR