La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha recibido una denuncia penal para que se investigue su presunta responsabilidad sobre el polémico operativo mediante el cual, el miércoles, en el cual una niña de 10 años recibió gas pimienta en la cara.

«Lo que hizo el Estado argentino no tiene precedente. Se violaron los derechos humanos de una niña y se violaron tratados y convenciones internacionales», señaló Gregorio Dalbón, abogado de la menor. La denuncia ya ha sido admitida por la Cámara Federal y asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal № 9.

La denuncia incluye cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, citando los artículos 248 y 45 del Código Penal argentino.

El repudio contra Bullrich ha ido en aumento en redes sociales y medios de comunicación, donde se ha instado a la funcionaria a renunciar.

Inicialmente, Bullrich trató de instalar la idea de que los gases habían sido lanzados por los propios manifestantes, pero poco después salieron a la luz grabaciones que demostraron que mentía.