
En una jugada que muchos consideran parte de su agenda económica radical, el presidente Javier Milei concretó la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), transfiriendo la mayoría del paquete accionario a un consorcio liderado por la firma estadounidense ARC Energy.
Este movimiento, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), no solo marca un hito en el gobierno actual, sino que también plantea serias interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de esta operación.
ARC Energy, cuyo presidente, Jason Arceneaux, ha sido vinculado como aportante a la campaña del expresidente Donald Trump, se convierte en el nuevo propietario de una empresa que fue estatizada en 2021 por el gobierno anterior.
La privatización se produce en un contexto donde la administración Milei busca desesperadamente alcanzar un déficit cero y reducir la dependencia de recursos federales en empresas estatales.
La Comisión Evaluadora de Ofertas, compuesta por representantes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza, recomendó la preadjudicación al consorcio IAF, que fue el único oferente en la licitación internacional.
El consorcio se comprometió a aportar 27 millones de dólares para capitalizar IMPSA y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para refinanciar una deuda que asciende a 576 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades aseguran que se validaron las condiciones económicas y financieras del consorcio.
Sin embargo, este optimismo parece ignorar las preocupaciones sobre la capacidad real de ARC Energy para manejar una empresa con tales obligaciones financieras.
Además, el consorcio deberá obtener la conformidad de los acreedores para renegociar la deuda antes de que se formalice la transferencia.
IMPSA, que produce equipos industriales esenciales como turbinas y grúas para sectores clave como la metalurgia y generación de energía, ahora queda en manos privadas nuevamente.
La estructura accionaria incluye acciones clase A pertenecientes a la familia Pescarmona, acciones clase B en manos de acreedores y acciones clase C controladas por el Fondep y la provincia de Mendoza.
La privatización ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores, incluido el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien celebra la llegada de inversores privados.
Sin embargo, muchos críticos advierten que esta medida podría ser solo el inicio de un proceso que favorece a intereses extranjeros a expensas del patrimonio nacional.
En resumen, mientras el Gobierno argentino avanza con su agenda privatizadora bajo el lema del cambio económico, surgen dudas sobre si este camino realmente conducirá a una recuperación sostenible o si simplemente perpetuará un ciclo de dependencia y despojo.
La historia reciente demuestra que las privatizaciones no siempre son sinónimo de progreso; a menudo son una puerta abierta a nuevas formas de explotación.