Milei prioriza minería ilegal sobre reservas esenciales de agua
Narkys Blanco 
En medio de una creciente crisis climática mundial y tras una temporada de incendios forestales devastadora en la Patagonia durante la temporada 2024-2025, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado gestiones para derogar o modificar la Ley de Glaciares, una normativa que desde el 2010 aporta un marco legal sólido para proteger las reservas hídricas del país, imprescindible para todo el territorio, en especial para provincias más áridas.
La iniciativa, que busca “destrabar proyectos mineros” —en particular de cobre y litio— según afirma el Ejecutivo, se aceleró en las últimas semanas con el apoyo de gobernadores ávidos de inversiones, en un contexto donde el Gobierno nacional recorta transferencias federales y promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que otorga beneficios extraordinarios a corporaciones extractivistas.
A la par, se intenta presentar a la megaminería a cielo abierto como productora de ganancias y riquezas para el país, cuando las regalías mineras para las provincias tienen un por ciento bajísimo, que se decide, por demás, sobre las declaraciones juradas presentadas por las empresas privadas.
Lejos de ser técnica, esta es una diputa política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos que envenenarán las reservas de agua potable más importantes.
¿Qué es la Ley de Glaciares que la agenda Milei pretende derogar?
La Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como Ley de Glaciares, fue sancionada en 2010 tras una intensa movilización ciudadana, científica y política que logró revertir el veto presidencial de Cristina Fernández en 2008, impulsado entonces por intereses mineros del llamado “veto Barrick”.
La norma establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, entendidos como reservas estratégicas de agua. Argentina se convirtió así en el primer país del mundo en contar con una legislación específica para la protección de estos ecosistemas, reconocida internacionalmente como un hito en la lucha contra el cambio climático.
De forma expresa, la normativa prohíbe «la exploración y explotación minera e hidrocarburífera», y toda actividad en zonas glaciares y periglaciares que pueda afectar su integridad, ya que de esta depende el abastecimiento de agua en amplias regiones del oeste argentino, especialmente en provincias áridas y semiáridas. Estas están recostadas sobre la cordillera de Los Andes, entre las montañas y la diagonal seca/árida que atraviesa Argentina de norte a sur e involucra más del 70% de su territorio.
El sector empresarial precisamente presiona para reducir la definición de «ambiente periglaciar», lo cual de inmediato habilitaría el uso de zonas que hoy están protegidas para realizar acciones extractivistas. Mientras, se aboga por trasladar la responsabilidad de determinar la delimitación de ambientes periglaciares a las provincias en lugar de a un organismo científico y capacitado para entender estos ecosistemas y sus cambios.
T/UN
