El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este jueves, a través de un decreto, una reforma migratoria que endurece los requisitos para obtener residencias y nacionalidades y que permite el cobro de servicios de educación y salud para extranjeros.

Las nuevas normas, que fueron publicadas en el Boletín Oficial, modifican las históricas políticas migratorias de un país conocido por las facilidades que ofrecía a los extranjeros. De hecho, el preámbulo de su Constitución convoca a «todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».

En el decreto, por el contrario, se subraya de manera insistente «el riesgo» que representan las personas migrantes en el contexto actual de las deportaciones masivas ordenadas por el presidente de EEUU, Donald Trump y en las que están incluidos 138.000 ciudadanos sudamericanos.

«La cifra crecerá en una proporción importante (…) las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio», afirmó.

Una inmigración de este tipo, agregó, «generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población (…) representa una ineludible señal de alerta».

El decreto también relaciona de manera insistente a los «inmigrantes irregulares» con «amenazas a la seguridad pública» y posibles aumentos de criminalidad; y al «turismo de natalidad», es decir, de personas extranjeras que supuestamente tienen hijos argentinos para obtener la nacionalidad, aunque no ofrece cifras de casos.

También asegura que, actualmente, en Argentina hay por lo menos 402.213 inmigrantes irregulares, lo que representa menos del 1,0 % de la población total del país.

T/RT